Morelia volvió a convertirse en campo de enfrentamiento. Este jueves 29 de mayo, por cuarto día consecutivo, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), acompañados por estudiantes normalistas, radicalizaron sus acciones en la capital michoacana.

Lo que inició como una jornada de protesta degeneró en actos de violencia, saqueo, incendios y bloqueos que terminaron afectando directamente a la ciudadanía.

Las escenas fueron ineludibles: al menos dos camiones de carga fueron interceptados, saqueados e incendiados sobre el anillo periférico, justo frente a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía estatal.

Antes de prenderles fuego, los manifestantes extrajeron mercancía —garrafones de agua, cajas de cerveza y otros productos— bajo el sol de la mañana y el lente de varios celulares. Los restos quedaron esparcidos entre cenizas, piedras y consignas pintadas a mano.

Mientras tanto, otro grupo bloqueaba el cruce entre Periférico Paseo de la República y avenida Siervo de la Nación. El cierre de esta arteria neurálgica paralizó rutas clave de transporte, afectó a miles de automovilistas y obligó a que varias escuelas cercanas evacuaran preventivamente a sus estudiantes. No eran solo bloqueos: eran zonas de tensión activa.

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La confrontación más grave ocurrió en Tres Puentes, donde los manifestantes intentaron bloquear las vías del tren. La Guardia Civil respondió y el enfrentamiento escaló rápidamente: volaron piedras, se lanzaron gases lacrimógenos y se reportaron disparos con balas de goma. Aunque aún no se ha publicado un parte oficial completo, se confirmó la existencia de varios heridos.

Como si el fuego no bastara en los camiones, la ciudad amaneció con neumáticos ardiendo en distintas zonas, dejando columnas de humo espeso visibles desde kilómetros. No solo fue una manifestación: fue una jornada de ruptura con cualquier forma mínima de convivencia social.

Los reclamos detrás de este estallido son conocidos, aunque hoy se hayan diluido entre la violencia: la CNTE exige la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, que modificó el régimen de pensiones del magisterio; pide la eliminación del organismo USICAMM, al que acusan de burocratizar el acceso a plazas; exige la asignación automática de plazas a egresados de normales públicas, el pago inmediato a docentes eventuales y un incremento salarial del 100 por ciento, tras considerar insuficiente el aumento anunciado por el Gobierno Federal. Se trata de un pliego de exigencias que, si bien forma parte de una discusión nacional, ha encontrado en Michoacán su epicentro más radical.

Pero los métodos importan. Y lo ocurrido en Morelia no puede considerarse una expresión legítima de protesta cuando se recurre al fuego, la intimidación y la violencia física como herramientas. El saqueo no es exigencia. La quema de vehículos no es diálogo. El enfrentamiento directo con fuerzas de seguridad, a riesgo de vidas humanas, no es defensa de derechos.

Desde esta redacción, creemos que exigir justicia jamás debe implicar pisotearla. Y si el movimiento magisterial aspira a ser escuchado con seriedad, primero debe deslindarse con firmeza de quienes, bajo su nombre, han convertido las calles en territorio hostil.

La indignación no puede sostenerse sobre las cenizas de una ciudad que no tiene por qué cargar con las fracturas de una negociación rota.