Las patrullas de la Policía de Morelia son uno de los activos más visibles del gobierno municipal, pero ninguna de las 100 unidades que actualmente recorren la ciudad pertenece al patrimonio del Ayuntamiento. Desde 2022, la administración opera mediante un esquema de arrendamiento que implica pagos mensuales millonarios y que, aunque es utilizado por distintos gobiernos del país, también suele generar cuestionamientos por el costo que representa frente a la compra directa y por el nivel de transparencia con el que se justifican estos contratos.

La flota está integrada por 80 camionetas RAM de doble cabina y 20 automóviles Charger. El contrato incluye el uso de los vehículos, mantenimiento preventivo y correctivo, seguros, reparaciones, equipamiento policial, como torretas, radios y adecuaciones especiales, e incluso la sustitución de unidades en caso de daños mayores, servicios que son proporcionados por la empresa arrendadora.

El Ayuntamiento paga mensualmente 33 mil 980 pesos por cada camioneta y 23 mil pesos por cada automóvil, lo que representa un desembolso superior a los 3.1 millones de pesos cada mes. Durante los casi 28 meses de vigencia del contrato, el gasto rondará los 74 millones de pesos.

El modelo comenzó en febrero de 2022, cuando el gobierno municipal contrató un esquema de arrendamiento puro para incorporar patrullas, motocicletas y automóviles a la corporación. En febrero de 2025 el programa fue renovado con la entrega de las 100 unidades que actualmente utiliza la Policía de Morelia. El alcalde Alfonso Martínez informó entonces que, al concluir el contrato, las patrullas pasarán a formar parte del patrimonio municipal, aproximadamente tres meses antes de finalizar su administración.

El arrendamiento de patrullas no es exclusivo de Morelia. Municipios como Guadalajara, Zapopan, Monterrey, Tijuana y varios gobiernos estatales han recurrido a este mecanismo con el argumento de renovar sus flotas sin realizar una compra inmediata, mantener las unidades bajo contratos integrales de servicio y reducir el tiempo necesario para ponerlas en operación. A cambio, los gobiernos asumen pagos mensuales durante varios años, lo que suele elevar el costo final respecto al precio comercial de los vehículos.

En Morelia, el gobierno municipal sostiene que el esquema resulta conveniente porque incluye financiamiento, mantenimiento, seguros, equipamiento y reparaciones durante toda la vigencia del contrato. Sin embargo, regidores de oposición han solicitado conocer los estudios financieros y técnicos que respaldaron la decisión de optar por el arrendamiento en lugar de la compra directa, una explicación que hasta ahora la administración municipal no ha presentado de manera detallada.