La dirigencia de Morena en Nuevo León, junto con legisladores federales y locales, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, por el presunto delito de ejercicio abusivo de funciones relacionado con un contrato firmado con la empresa Next Energy de México.
La denuncia señala una posible afectación económica superior a los 7 mil 300 millones de pesos al municipio, derivada de dicho acuerdo para proyectos de energía. Los denunciantes solicitaron que se investigue la actuación de funcionarios municipales en la firma del contrato, incluida la contralora municipal, por su presunta participación en el proceso.
El artículo 220 del Código Penal Federal establece sanciones para servidores públicos que intervengan en contratos en los que puedan obtener beneficios indebidos o favorecer a terceros con los que tengan vínculos.
El caso se relaciona con una serie de controversias vinculadas a Next Energy, empresa que ha enfrentado denuncias por incumplimiento de contratos en distintos municipios del país, entre ellos Monterrey, Mexicali y Aguascalientes, relacionados con proyectos de generación de energía limpia.
En Monterrey, el contrato con la empresa fue cancelado tras años de litigios por incumplimientos en la instalación y operación de infraestructura energética, lo que derivó en conflictos administrativos y legales entre autoridades municipales y la compañía.
En el caso de Aguascalientes, se documentó un contrato firmado en 2019 por casi 7 mil 800 millones de pesos para la instalación de infraestructura fotovoltaica, el cual presentó modificaciones posteriores debido a incumplimientos en los tiempos de entrega y operación del proyecto.
Posteriormente, el proceso derivó en denuncias penales contra el representante de la empresa por presunto fraude y otros delitos relacionados con el incumplimiento de obligaciones contractuales en distintas entidades.
La denuncia presentada ante la FGR busca esclarecer si existieron irregularidades en la firma del contrato en Monterrey y determinar posibles responsabilidades administrativas o penales derivadas del acuerdo.