Movimiento Ciudadano en Tabasco acusó a Daniel Arturo Casasús, exsecretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, de presuntas irregularidades en la asignación de contratos durante su gestión y lo calificó públicamente como “un gran corrupto”.

Los señalamientos surgieron después de una investigación periodística que documentó contratos otorgados durante los 20 meses que Casasús permaneció al frente de la dependencia. Entre las adjudicaciones cuestionadas aparecen contratos por alrededor de 12 millones de pesos para empresas que posteriormente fueron clasificadas por el Servicio de Administración Tributaria como simuladoras de operaciones.

Una de las investigaciones previas identificó adjudicaciones por 11.9 millones de pesos a Construagregados Hopelchén y Comercio y Construcción de Tabasco, además de un contrato para Coincisur. Los procedimientos estuvieron relacionados con obras para aulas escolares en los municipios de Centro y Comalcalco.

El caso también ha llamado la atención por los vínculos de algunas de las compañías señaladas con personas relacionadas con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco acusado por las autoridades de presuntos vínculos con el grupo criminal conocido como La Barredora. Uno de los funcionarios que trabajó bajo Casasús fue Pablo Jiménez Pons, yerno de Bermúdez.

Casasús llegó a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas en julio de 2024, durante el gobierno de Javier May. Antes ocupó otros cargos en la administración estatal y federal.

Los señalamientos de MC son acusaciones políticas y no constituyen por sí mismos una determinación de responsabilidad penal. Hasta el momento, el caso se mantiene bajo cuestionamientos sobre la asignación de contratos y las empresas beneficiadas.