En Durango, una mujer podría enfrentar una sentencia condenatoria por difundir imágenes íntimas de un hombre sin su consentimiento, en lo que sería una de las primeras aplicaciones de la Ley Olimpia en favor de una víctima masculina.

De acuerdo con la denuncia, Brenda “N” y su compañero de vivienda, Isaac, compartían un departamento desde hacía varios meses. Sin embargo, problemas económicos tensaron la convivencia, hasta que una noche, mientras él dormía, Brenda presuntamente le tomó fotografías desnudo con la intención de chantajearlo para evitar pagar la renta.

El intento inicial de extorsión no tuvo éxito, pero la situación escaló: la mujer exigió dinero en mayores cantidades y, al no obtenerlo, decidió difundir las imágenes íntimas en redes sociales, exponiendo a la víctima sin su autorización.

Humillado y con su privacidad vulnerada, Isaac acudió a la Fiscalía de Durango a presentar una denuncia bajo el amparo de la Ley Olimpia, una legislación originalmente impulsada por colectivos feministas para castigar la violencia digital, pero cuyo texto legal protege a cualquier persona, sin importar su género.

“Este sería apenas el segundo caso a nivel nacional en que una mujer es procesada por violar la Ley Olimpia, y el primero que podría derivar en una sentencia condenatoria”, explicó el abogado de la víctima, Cristian Montenegro, quien denunció además obstáculos institucionales para avanzar con el caso.

Según el litigante, la carpeta de investigación tardó casi ocho meses en integrarse debido a la escasez de personal capacitado: “En Durango solo hay una agente del Ministerio Público especializada en delitos digitales contra hombres. Mientras que en otros casos se avanza en 15 días, aquí fue un proceso largo y desgastante”, declaró.

Tras la denuncia, Brenda huyó a Guadalajara, Jalisco, y no se presentó a la audiencia judicial. Las autoridades de Durango ya solicitaron una orden de aprehensión, que podría ser ejecutada en colaboración con autoridades jaliscienses.

El caso ha llamado la atención por no tener un antecedente legal, pone en evidencia que la violencia digital también afecta a hombres y que el acceso a la justicia no siempre es equitativo, incluso cuando la ley no establece distinción de género.