Las sanciones por incumplir las disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita pueden alcanzar hasta siete millones de pesos por cada aviso que no sea presentado ante las autoridades, advirtió María Angélica Ruiz López.

La representante del Instituto Mexicano de Contadores Públicos explicó que las recientes reformas han fortalecido las obligaciones para diversos sectores considerados vulnerables al uso de recursos de procedencia ilícita, con el objetivo de reforzar los mecanismos de vigilancia y prevención.

Entre las actividades sujetas a supervisión se encuentran la compraventa de vehículos, el desarrollo inmobiliario, los servicios notariales, las operaciones aduanales, el comercio de joyas y obras de arte, así como las actividades relacionadas con préstamos y financiamiento. Estas actividades deben cumplir con la presentación periódica de avisos y reportes establecidos por la legislación.

María Angélica Ruiz López señaló que la omisión de un solo aviso puede derivar en multas que van desde aproximadamente un millón hasta siete millones de pesos. En caso de existir varios periodos sin cumplir con la obligación, las sanciones pueden acumularse y representar un impacto considerable para empresas y profesionistas.

La reforma reglamentaria que entró en vigor el pasado 30 de marzo también abrió la posibilidad de regularizar incumplimientos cometidos anteriormente sin recibir sanciones, siempre que la autoridad competente no haya iniciado un procedimiento de verificación o inspección.

Además, las nuevas disposiciones exigen una participación más activa en la detección de operaciones inusuales o sospechosas. Cuando existan indicios que puedan estar relacionados con recursos de procedencia ilícita, los sujetos obligados deberán presentar los reportes correspondientes ante las autoridades dentro de los plazos establecidos por la normativa.

Las medidas buscan fortalecer la prevención del lavado de dinero y reducir los riesgos de que recursos obtenidos mediante actividades ilegales ingresen a la economía formal.