Nacional Financiera (Nafin) transfirió a la Tesorería de la Federación 10 mil 260 millones 507 mil 418 pesos pertenecientes a fideicomisos administrados para el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

El CJF denunció que la transferencia se realizó sin su consentimiento, pese a ser el fideicomitente, y inició acciones de conciliación y una estrategia legal para defender sus derechos.

De acuerdo con el CJF, Nafin no consultó previamente ni recibió instrucción alguna para realizar la transferencia, contraviniendo las cláusulas del contrato.

Los recursos estaban destinados, entre otras cosas, a cubrir el pago extraordinario a jueces que declinen a la reelección o no resulten electos, conforme a la reforma al Poder Judicial.

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La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) también se manifestó.

Su directora, Juana Fuentes Velázquez, denunció que jueces jubilados o que renunciaron voluntariamente a raíz de la reforma aún no han recibido la indemnización correspondiente, la cual debió ser pagada antes de diciembre de 2024.

Fuentes Velázquez calificó el incumplimiento como una “nueva violación de derechos” y exigió al CJF realizar los pagos de manera inmediata, independientemente de la disponibilidad de recursos, argumentando que se trata de una obligación constitucional.

La Jufed solicitó al CJF una explicación detallada en caso de existir impedimentos para el pago, a fin de defender los derechos de sus asociados.