Nicaragua avanza en reformas para eliminar las elecciones y concentra más poder en el gobierno
evangelio | 22 julio, 2026

La Asamblea Nacional de Nicaragua inició los trabajos para impulsar reformas legales que darían seguimiento al anuncio del presidente Daniel Ortega de que el país dejará de celebrar elecciones. La medida ha generado preocupación internacional por su impacto en la participación política y el futuro del sistema democrático nicaragüense.

El anuncio se produce después de que Ortega afirmara durante la conmemoración del aniversario de la Revolución Sandinista que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”. Los próximos comicios estaban previstos para noviembre de 2027, luego de que una reforma constitucional aprobada en 2025 amplió el periodo presidencial de cinco a seis años.

El Congreso, controlado por el oficialismo, sostiene que las modificaciones buscan garantizar la paz, la seguridad y la estabilidad del país. Entre las propuestas se contempla fortalecer las disposiciones electorales para impedir la participación de sectores considerados por el gobierno como instrumentos de injerencia extranjera.

Desde las protestas de 2018, Nicaragua ha atravesado un proceso de creciente concentración del poder. Durante este periodo se han encarcelado opositores políticos, líderes religiosos y activistas, además del cierre de miles de organizaciones civiles. Reformas constitucionales recientes también establecieron la figura de la copresidencia, compartida por Daniel Ortega y Rosario Murillo, y otorgaron mayores facultades al Poder Ejecutivo.

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenó las medidas y señaló que todas las personas deben tener la posibilidad de votar y postularse a cargos públicos. También advirtió que las nuevas disposiciones profundizan las restricciones a las libertades fundamentales y continúan debilitando el Estado de derecho en el país centroamericano.

Las autoridades nicaragüenses no emitieron comentarios adicionales sobre las críticas internacionales y reiteraron que corresponde a los ciudadanos del país definir la forma en que se organizarán sus procesos políticos y electorales.

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