La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una reforma constitucional para eliminar la figura de vicepresidente de la República y sustituirla por la de “designados presidenciales”, quienes serán nombrados directamente por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La modificación fue aprobada por unanimidad este jueves en primera legislatura, como parte de un proceso que requiere una segunda aprobación para entrar en vigor. La reforma modifica el artículo 126 de la Constitución y establece que los designados presidenciales desempeñarán las funciones que les asignen los titulares del Ejecutivo.

La iniciativa fue respaldada por el Parlamento, dominado por el oficialismo, y presentada como una modificación para incorporar esta nueva figura a la estructura constitucional del país centroamericano.

Sin embargo, la medida provocó críticas de sectores opositores, que consideran que el cambio podría facilitar la permanencia del poder dentro de la familia gobernante.

El dirigente opositor Félix Maradiaga cuestionó la reforma y señaló que representa un nuevo cambio en las reglas de sucesión política impulsado por el Gobierno de Ortega y Murillo.

Maradiaga recordó que las autoridades ya habían modificado la Constitución para permitir la existencia de varios vicepresidentes y posteriormente establecieron la figura de copresidencia, antes de plantear la eliminación de la vicepresidencia.

El opositor sostuvo que los nuevos designados no tendrían un origen electoral propio y que sus atribuciones dependerían de quienes los nombren. También advirtió que la modificación podría favorecer una sucesión familiar en el poder.

Entre los nombres que mencionó como posibles beneficiarios de este esquema se encuentra Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial.

Estas declaraciones corresponden a la interpretación de la oposición sobre los alcances políticos de la reforma. El texto aprobado establece que los designados serán nombrados por los copresidentes y ejercerán las funciones que estos les asignen.

Para que la modificación constitucional entre en vigor, deberá ser ratificada en una segunda legislatura. El siguiente periodo legislativo comenzará el 9 de enero de 2027.

La reforma se suma a los cambios institucionales promovidos durante el Gobierno de Ortega y Murillo, quienes comparten la copresidencia de Nicaragua.