La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el oficialismo, aprobó una reforma constitucional que impide la participación de sectores opositores considerados por el gobierno como “traidores a la patria”.

La modificación, promovida por el presidente Daniel Ortega y la copresidenta Rosario Murillo, establece nuevas restricciones para quienes hayan sido despojados de su nacionalidad o sean señalados por las autoridades bajo esa denominación.

La reforma no elimina formalmente las elecciones, pero limita la posibilidad de que opositores participen en los procesos electorales. La medida representa un nuevo endurecimiento de las reglas políticas en el país y fortalece el control del gobierno sobre la competencia electoral.

Además, los cambios constitucionales amplían de seis a siete años el periodo de los principales cargos de elección popular, incluido el presidencial. Con ello, el mandato de Ortega y Murillo se extendería hasta 2028 y las elecciones previstas originalmente para 2026 quedarían pospuestas.

La iniciativa deberá completar el proceso de ratificación establecido por la legislación nicaragüense para entrar plenamente en vigor.