Nicaragua anunció su salida inmediata del Parlamento Centroamericano (Parlacen), un día después de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobara una resolución para exigir al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo la liberación de presos políticos y el restablecimiento de las libertades civiles.

La decisión fue comunicada por la Cancillería nicaragüense, que notificó a la Junta Directiva del Parlacen la denuncia del tratado constitutivo del organismo regional, firmado en Guatemala en 1987. El gobierno justificó la medida bajo el argumento de ejercer plenamente su soberanía.

El retiro ocurre después de que la OEA reclamara a Managua recuperar el espacio cívico, garantizar las libertades de expresión, asociación, religión y reunión pacífica, además de liberar a las personas detenidas por motivos políticos y esclarecer el paradero de quienes hayan sido víctimas de desaparición forzada.

La resolución también plantea recuperar la independencia de las instituciones del Estado, la separación de poderes y el pluralismo político, así como establecer condiciones para elecciones libres, justas e inclusivas.

Como parte de este proceso, la OEA acordó crear un Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua, que deberá iniciar trabajos en un plazo de 30 días y posteriormente presentar recomendaciones sobre posibles acciones diplomáticas y jurídicas.

Nicaragua ya había abandonado la OEA en 2023, al acusar al organismo de servir a intereses de Estados Unidos. En 2025 también anunció su salida del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, luego de recibir señalamientos por violaciones a los derechos humanos.

La crisis política nicaragüense se agravó desde las protestas de 2018, cuya represión dejó cientos de muertos, miles de heridos y detenidos, además de personas que abandonaron el país. Ortega permanece en el poder desde 2007, mientras su gobierno ha enfrentado un creciente aislamiento internacional.