En un México donde los escándalos de corrupción suelen disiparse entre tecnicismos legales y olvidos estratégicos, un tribunal federal ha trazado una línea clara: Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio de Silvano Aureoles, permanecerá en prisión.

La justicia ha hablado, y esta vez no concede libertades anticipadas.

El exfuncionario, pieza clave en la red de contratos irregulares para la construcción de cuarteles policiales, enfrenta un proceso penal por su presunta participación en un esquema de desvío de recursos públicos que supera los 3 mil 412 millones de pesos.

Según la acusación, los convenios firmados durante su gestión fueron otorgados directamente a una empresa sin titularidad sobre los terrenos —la Inmobiliaria DYF, S.A. de C.V.— y en condiciones que hoy rozan el absurdo: construcciones en predios públicos, residencias lujosas para el gobernador dentro de los cuarteles, pagos inflados, y hasta edificaciones que nunca fueron entregadas oficialmente al estado.

El caso es uno de los pilares del expediente que arrastra el nombre del exgobernador Aureoles, actualmente prófugo, y que ha salpicado a toda su cadena de mando.

En la lista de implicados figuran también Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; José Antonio Bernal Bustamante, exjefe de Seguridad Pública; y Elizabeth Villegas Pineda, también exdelegada administrativa de la SSP.

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Pese a haber tramitado un amparo, Delgado Murillo no logró convencer al Poder Judicial de que su libertad fuera compatible con la investigación en curso.

La jueza Jovita Vargas Alarcón, titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal, solo concedió una suspensión provisional que en los hechos no cambia su situación jurídica.

Fue el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal el que confirmó la negativa definitiva: hay riesgo de fuga, y el caso, por su gravedad, exige medidas firmes.

El mensaje es inequívoco: no se trata de una detención preventiva por rutina, sino de una decisión sostenida en la gravedad de los hechos.

La Fiscalía ha documentado que los contratos millonarios no solo violaron las reglas más elementales del servicio público, sino que beneficiaron a intereses particulares, dejando a las fuerzas de seguridad sin infraestructura adecuada y al estado con un desfalco monumental.

La red de corrupción en torno a los “cuarteles de lujo” comienza a delinearse con mayor nitidez.

Las auditorías y peritajes han revelado que algunos complejos policiales estaban en realidad concebidos como suites privadas para el gobernador, con acabados de alto nivel, mobiliario de lujo, y sin utilidad operativa para las corporaciones de seguridad.

Pero más allá del desfalco está la pregunta de fondo: ¿cuánto costará al erario —y a la confianza pública— reparar este daño? ¿Y qué garantías existen de que esta investigación llegue hasta las últimas consecuencias?

Por ahora, el expediente sigue avanzando, y Mario Delgado Murillo seguirá enfrentando la justicia desde prisión. Es una señal de que los tiempos de impunidad automática pueden estar cambiando, aunque lentamente.

En un país donde los exgobernadores suelen encontrar refugio en la desmemoria o en el fuero, que un engranaje de su estructura esté tras las rejas no es menor.

La justicia, al menos por esta vez, no ha soltado las riendas. Falta ver si mantendrá el paso.