El sector cafetalero de México ha dado un paso histórico hacia su regulación y fortalecimiento con la publicación este 19 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de la nueva Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura. Con este acto, la legislación obsoleta de 1972 queda oficialmente sin vigencia, abriendo paso a un marco jurídico moderno que busca revertir décadas de abandono. Tras la desaparición del Inmecafé en 1993, el sector carecía de una política pública clara, lo que dejó a cerca de 500,000 productores, la mayoría de pequeña escala e indígenas, desprotegidos ante la volatilidad de los precios internacionales y el abuso de intermediarios.

La nueva ley establece un marco integral que abarca desde la siembra hasta la comercialización final. Según el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué, el café es ahora reconocido como un producto estratégico para la soberanía alimentaria nacional. Este reconocimiento obliga al Estado a implementar mecanismos de transparencia en la fijación de precios y en el análisis de costos, asegurando que el valor pagado al productor sea justo y no dependa únicamente de parámetros arbitrarios de grandes compradores.

Calidad y sostenibilidad como motores de precio

Uno de los pilares de esta legislación es el fomento a la calidad y la sostenibilidad. El Gobierno de México se ha comprometido a que el pago por el grano considere no solo el volumen, sino también los factores ambientales y culturales inherentes a la producción nacional, especialmente en los cafetales bajo sombra que preservan la biodiversidad. Este enfoque busca:

Reducir desequilibrios: Mitigar la brecha entre el precio que paga el consumidor final y el que recibe el campesino en el campo.

Impulso técnico: Garantizar que los productores vuelvan a tener acceso a respaldo técnico y económico para mejorar sus cultivos.

Soberanía alimentaria: Fortalecer la posición de México en el mercado global, priorizando el bienestar de quienes mantienen viva la tradición cafetalera en estados como Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Puebla.

Con la entrada en vigor de esta ley, se espera que la cafeticultura mexicana recupere su dinamismo y se consolide como un motor de desarrollo rural justo, protegiendo el patrimonio de medio millón de familias que dependen directamente de este aromático.