Nueva York presentó una demanda contra el gobierno de Donald Trump para frenar una nueva norma migratoria que permitiría negar tarjetas de residencia permanente a inmigrantes que utilicen determinados beneficios públicos o que, a criterio de las autoridades, puedan necesitarlos.
La demanda fue presentada por la ciudad de Nueva York junto con Chicago, San Francisco, el condado de Santa Clara, Seattle y el condado de King, en Washington. Por separado, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, encabeza otra demanda respaldada por 21 estados.
La norma federal amplía los criterios utilizados para determinar si una persona puede ser considerada una “carga pública” al solicitar una tarjeta de residencia o una visa. Entre los beneficios que podrían ser considerados están programas de asistencia alimentaria, atención médica, vivienda y otros apoyos sujetos a ingresos.
Los gobiernos demandantes sostienen que la nueva regulación otorga demasiada libertad a los funcionarios migratorios para evaluar la situación económica y familiar de los solicitantes. También señalan que podría afectar a familias cuyos integrantes utilizan beneficios para los que cumplen los requisitos legales.
La regulación está prevista para entrar en vigor el 18 de septiembre. Las autoridades de Nueva York sostienen que la medida podría provocar que familias migrantes dejen de solicitar servicios de salud, alimentación y otros apoyos por temor a que su situación migratoria resulte afectada.
El gobierno federal defiende la norma y sostiene que busca aplicar las disposiciones existentes sobre personas que podrían depender de recursos públicos. Los tribunales deberán determinar ahora si la regulación puede entrar en vigor o si debe quedar suspendida mientras se resuelven las demandas.