A menos de dos semanas de que concluya el mandato del presidente Gustavo Petro, un nuevo escándalo de presunta corrupción sacude a su administración, luego de que salieran a la luz denuncias sobre una supuesta red de tráfico de influencias que ya es investigada por la Fiscalía colombiana.

El caso involucra a las hermanas Juliana y Verónica Guerrero, señaladas de presuntamente ofrecer a empresarios la gestión de contratos públicos a cambio de millonarias sumas de dinero. Juliana Guerrero es considerada una persona cercana al mandatario y enfrenta investigaciones penales derivadas de estas acusaciones.

La polémica escaló tras las denuncias públicas de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y posteriormente gerente del Fondo Adaptación, quien aseguró haber detectado presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos y afirmó haber recibido amenazas. También denunció que se intentó modificar el destino de recursos asignados a obras para prevenir inundaciones, situación que rechazó por considerarla irregular.

En respuesta, el presidente Petro anunció la salida de Rodríguez de su Gobierno y rechazó sus señalamientos, mientras que la exfuncionaria sostuvo que mantiene sus denuncias y responsabilizó a varios funcionarios por cualquier afectación a su seguridad.

La Fiscalía General de Colombia abrió una indagatoria para determinar si existió una red de tráfico de influencias y si otros funcionarios participaron en las presuntas irregularidades. Las investigaciones se desarrollan cuando restan 11 días para el relevo presidencial, previsto para el 7 de agosto, fecha en la que asumirá el presidente electo Abelardo de la Espriella.

El nuevo caso se suma a otros procesos por presunta corrupción que han marcado los últimos años del gobierno de Petro, entre ellos el relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), considerado uno de los mayores escándalos políticos de su administración.