La economía mexicana mantiene estabilidad macroeconómica, pero enfrenta un crecimiento limitado que exige reformas estructurales e inversiones estratégicas para sostener su desarrollo, advirtió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en su Estudio Económico México 2026. El organismo señaló que el país requiere fortalecer la gobernanza, consolidar sus finanzas públicas y reforzar la autonomía de las instituciones para ampliar el margen fiscal y dirigir recursos hacia áreas prioritarias.

El informe subraya que las barreras persistentes en productividad han sido agravadas por un déficit fiscal elevado, lo que restringe la capacidad del Estado para invertir en sectores clave. En ese sentido, recomendó mejorar la eficiencia del gasto público y optimizar la recaudación, con el objetivo de liberar recursos que permitan elevar la conclusión de la educación secundaria y vincularla de forma más efectiva con las necesidades del mercado laboral.

También planteó acelerar la digitalización para aumentar la competitividad, fomentar la innovación y reducir brechas regionales. La transición hacia una economía más verde y resiliente fue identificada como otra prioridad, junto con el fortalecimiento del estado de derecho y la independencia de los reguladores, factores considerados esenciales para atraer inversión privada y reducir la informalidad laboral.

En sus proyecciones, la OCDE estimó que el Producto Interno Bruto de México crecerá 1.4 por ciento en 2026 y registrará una ligera aceleración en 2027. Sin embargo, advirtió que estas tasas serán insuficientes para cerrar brechas de ingreso y productividad sin cambios de fondo en políticas económicas y sociales.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos es un organismo internacional con sede en París que agrupa a 38 países y funciona como foro de análisis y coordinación de políticas públicas. Su papel consiste en evaluar el desempeño económico y social de los Estados miembros, emitir recomendaciones basadas en evidencia comparada y establecer estándares en áreas como educación, fiscalidad, gobernanza y desarrollo sostenible. Sus estudios no son vinculantes, pero suelen influir en el diseño de reformas estructurales y en la percepción de inversionistas y mercados internacionales.