Once años después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el eco de aquella noche de 2014 volvió a escucharse en las calles del centro histórico de Morelia. Estudiantes, colectivos sociales y ciudadanos marcharon desde el Obelisco a Lázaro Cárdenas hasta la Catedral, recordando que el caso sigue abierto y que, pese al paso del tiempo, todavía faltan 43.

En aquel entonces, Enrique Peña Nieto era presidente de México y el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, dimitía tras la presión social y política derivada del crimen. En Michoacán, la crisis no era menor: el gobierno interino de Salvador Jara Guerrero apenas intentaba contener la violencia que desbordaba al estado tras la salida de Fausto Vallejo. El país parecía fracturado, y Ayotzinapa terminó por exponer un rostro de impunidad que hoy, más de una década después, sigue sin resolverse.

Los manifestantes en Morelia recordaron que Ayotzinapa no fue un hecho aislado, sino un crimen de Estado. La versión oficial de entonces, aquella “verdad histórica” que pretendió cerrar el caso, fue desmontada por organismos internacionales y por la propia Comisión de la Verdad del actual gobierno, sin que a la fecha haya responsables plenamente juzgados. “¿Quién dio la orden?” sigue siendo la pregunta que atraviesa pancartas y gritos, una pregunta sin respuesta que define la herida.

La marcha en la capital michoacana también colocó un espejo incómodo: Michoacán arrastra su propia lista de desaparecidos y convive con la normalización de la violencia. Que las consignas resonaran en el corazón de una ciudad Patrimonio de la Humanidad es un recordatorio de que la memoria no pertenece solo a Guerrero, sino a un país entero que convive con la ausencia.

El contraste no pasó desapercibido. Mientras algunos ciudadanos criticaban los bloqueos y las pintas en fachadas del centro histórico, otros defendían la legitimidad del reclamo. El dilema revela el desgaste social: entre el hartazgo cotidiano y la necesidad de que la justicia no quede en el olvido.

En 2018, Andrés Manuel López Obrador prometió esclarecer el caso a través de una comisión especial. Hoy, siete años después, los resultados son parciales y las familias insisten en que persisten encubrimientos desde las mismas instituciones que ofrecieron abrir la verdad. La justicia, en este sentido, parece haberse convertido en una promesa perpetua, siempre en construcción, nunca cumplida.

Morelia, como muchas ciudades del país, se sumó a una jornada nacional de movilizaciones en Iguala, Chilpancingo, Ciudad de México y otras urbes. Lo que se exige no es nuevo, pero la persistencia de las familias y de quienes acompañan su lucha mantiene vivo un caso que el poder político ha intentado cerrar más de una vez.

El centro histórico volvió a ser escenario de memoria y resistencia. Entre fachadas coloniales y la bandera ondeando sobre la plaza principal, se impuso un mensaje: once años no bastan para silenciar la ausencia. Y aunque algunos prefieran mirar hacia otro lado, los gritos que recuerdan a los 43 siguen marcando el pulso de un país que no termina de enfrentar su deuda con la justicia.