La Organización de las Naciones Unidas hizo llegar al Gobierno de México una comunicación oficial en la que expresa una fuerte inquietud por el rumbo que podrían tomar varios proyectos de gas fósil licuado (GFL) planeados para el Golfo de California. De acuerdo con organizaciones civiles que difundieron el contenido de la misiva, el organismo internacional cuestiona la legalidad, la sostenibilidad climática y el respeto a los derechos humanos en torno a estas obras energéticas.
La carta, fechada el 2 de septiembre y avalada por nueve relatorías especiales, detalla que la construcción de cuatro terminales Saguaro Energía, Vista Pacífico, AMIGO LNG y GNL Cosalá, junto con dos gasoductos, Sierra Madre y Corredor Norte, podría posicionar a México como uno de los principales exportadores globales de GFL. Sin embargo, advierte que este posible liderazgo llegaría acompañado de impactos severos sobre la salud pública, la biodiversidad marina y terrestre, así como sobre comunidades costeras cuya vida cotidiana depende del equilibrio ecológico de la región.
El documento subraya que avanzar con estos proyectos sin evaluaciones ambientales exhaustivas, sin transparencia y sin consulta a las poblaciones afectadas podría contravenir compromisos internacionales como el Acuerdo de París y el Acuerdo de Escazú, además de disposiciones constitucionales mexicanas en materia de medio ambiente y derechos humanos.
Los expertos de la ONU alertan sobre riesgos como el incremento de emisiones de gases de efecto invernadero, la generación de contaminación tóxica y la alteración de ecosistemas clave. También señalan que estas actividades podrían vulnerar derechos esenciales relacionados con la salud, la alimentación, el acceso a un entorno sano y el desarrollo comunitario. “La quema de combustibles fósiles sigue siendo uno de los factores más determinantes de la crisis climática”, recalcan.
La intervención del organismo internacional fue motivada por una solicitud enviada en diciembre de 2024 por habitantes del Golfo de California y organizaciones civiles. En ella pedían apoyo para frenar la expansión de la infraestructura fósil en una zona considerada de enorme riqueza ecológica, conocida popularmente como “el Acuario del Mundo”. También solicitaron la exigencia de información completa y procesos de consulta adecuados, además de estudios independientes sobre los potenciales daños a actividades como la pesca y el turismo.
La ONU extendió comunicaciones similares a los gobiernos de Estados Unidos y Singapur países de origen de algunas de las empresas involucradas y a las compañías que buscan instalar las terminales gasíferas.
Tras hacerse pública la notificación, las organizaciones firmantes resaltaron que México queda bajo un “escrutinio internacional formal” y que cualquier resolución que favorezca los megaproyectos podría derivar en responsabilidades directas para el Estado. Afirmaron que convertir el Golfo de California en un corredor industrial contradice obligaciones internacionales y debilita la confianza en las instituciones nacionales.
Por ello, pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum y a las autoridades ambientales anular permisos otorgados sin garantías suficientes, frenar procesos de evaluación hasta contar con información completa, garantizar el consentimiento libre e informado de las comunidades indígenas y orientar la política energética hacia una transición justa.
Las organizaciones concluyeron que el país enfrenta un punto de inflexión: “México puede optar por desmontar su dependencia fósil y reforzar su liderazgo climático. Desoír este llamado significaría asumir impactos políticos, ambientales y éticos difíciles de revertir”.