El relator especial de la Organización Naciones Unidas (ONU) sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana, instó al Estado mexicano a desarrollar una legislación integral en materia de sustancias químicas y plaguicidas altamente peligrosos, al señalar que existen vacíos normativos que limitan la capacidad de las autoridades para prevenir riesgos a la salud y al medio ambiente.

De acuerdo con información difundida por agencias internacionales y retomada por diversos medios, el especialista indicó que, aunque México ha registrado avances en el fortalecimiento de su marco regulatorio ambiental, aún carece de una ley general de sustancias químicas y de una legislación específica para plaguicidas peligrosos, lo que representa un pendiente relevante en la gestión de riesgos asociados a estos compuestos.

El señalamiento se realizó tras una visita oficial al país, en la que el relator evaluó la situación relacionada con la exposición a sustancias tóxicas, incluyendo residuos peligrosos, contaminación industrial y el uso de químicos en distintas actividades productivas, destacando la necesidad de contar con políticas públicas articuladas que aborden estos temas en el corto, mediano y largo plazo.

Orellana subrayó que es necesario garantizar el cumplimiento de las leyes existentes y fortalecer la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, particularmente entre las instancias encargadas de salud y medio ambiente, con el fin de mejorar la supervisión, regulación y control de sustancias que pueden representar riesgos para la población.

Asimismo, advirtió que las limitaciones en la regulación actual reducen las herramientas del Estado para gestionar adecuadamente la exposición de trabajadores y comunidades a productos químicos, lo que puede derivar en afectaciones a la salud y en impactos ambientales, en un escenario donde el uso de plaguicidas y otras sustancias sigue siendo relevante en sectores como la agricultura y la industria.

El relator enfatizó que la creación de un marco legal específico permitiría establecer mecanismos más claros para el manejo, control y eliminación de sustancias peligrosas, así como mejorar la protección de los derechos humanos frente a los efectos de la contaminación química, en línea con estándares internacionales promovidos por organismos multilaterales.

Las recomendaciones forman parte de las conclusiones preliminares que el especialista presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en las que se analizan las condiciones actuales del país en materia de gestión de sustancias tóxicas y se plantean acciones para fortalecer la regulación y reducir los riesgos asociados a estos compuestos.