Expertos de Naciones Unidas pidieron a México fortalecer las disposiciones de la propuesta de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, con el objetivo de garantizar la protección de las mujeres trans y evitar que su identidad de género se convierta en un obstáculo para investigar sus muertes como posibles feminicidios.

Los especialistas reconocieron los avances de la iniciativa, que busca unificar los criterios para investigar y sancionar este delito en todo el país, pero plantearon ajustes para ampliar las garantías de acceso a la justicia y establecer responsabilidades para las autoridades que incumplan sus obligaciones de prevención y protección.

Entre las principales recomendaciones está precisar en la legislación que el feminicidio comprende a todas las mujeres y niñas, incluidas las mujeres transgénero. También solicitaron que los protocolos nacionales de investigación permitan indagar una muerte violenta como posible feminicidio sin exigir una determinación previa sobre la identidad de género de la víctima.

La observación cobra relevancia ante las diferencias que existen entre las legislaciones estatales. En 2025, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer manifestó su preocupación porque los asesinatos por motivos transfóbicos estaban tipificados específicamente solo en Ciudad de México y Nayarit, sin una regulación equivalente en el ámbito nacional.

Los expertos también respaldaron que la iniciativa contemple penas agravadas cuando la víctima sea una trabajadora sexual, debido a las condiciones particulares de violencia y discriminación que enfrenta este sector.

Sin embargo, recomendaron que las investigaciones examinen posibles delitos de trata de personas, explotación, coacción y agresiones cometidas por clientes o terceros. La actividad de la víctima, señalaron, no debe utilizarse para minimizar la gravedad del crimen ni obstaculizar el acceso a la justicia.

Otro de los puntos planteados se relaciona con la responsabilidad de las instituciones públicas cuando sus omisiones impidan prevenir la violencia feminicida. Para ello, propusieron mecanismos que permitan exigir cuentas por fallas en la atención de denuncias previas, la evaluación de riesgos y la aplicación de medidas de protección.

La propuesta legislativa pretende reducir las diferencias entre los estados en la tipificación, investigación y sanción del feminicidio mediante protocolos uniformes y herramientas de registro especializadas.

Entre las medidas contempladas se encuentra la creación de un registro de niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad a consecuencia de estos crímenes, con el propósito de identificar a esta población y facilitar su atención.

Naciones Unidas solicitaron al Gobierno mexicano información actualizada sobre el avance legislativo de la iniciativa y pidieron que sus recomendaciones sean remitidas al Congreso para que puedan considerarse durante la discusión.