Sectores de la oposición en Venezuela exigieron la liberación de tres exfuncionarios policiales que permanecen detenidos desde hace más de dos décadas, tras haber sido arrestados durante los hechos ocurridos en abril de 2002, en el contexto de la crisis política registrada durante el gobierno de Hugo Chávez.

Los exagentes Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina fueron detenidos y posteriormente condenados a 30 años de prisión por su presunta participación en hechos violentos durante las protestas del 11 de abril de 2002, uno de los episodios más críticos en la historia política contemporánea del país. 

Organizaciones políticas y familiares han señalado que los tres hombres se mantienen privados de la libertad desde hace 23 años, por lo que son considerados entre los detenidos con mayor tiempo en prisión dentro del sistema venezolano, lo que ha reactivado demandas para su liberación en el marco de discusiones recientes sobre amnistías y presos políticos.

Las solicitudes de liberación se producen en un contexto en el que diversas iniciativas han buscado revisar casos de personas detenidas por motivos políticos en Venezuela, aunque algunos expedientes han quedado fuera de los procesos de amnistía, lo que ha generado inconformidad entre familiares y actores políticos.

El caso de estos exfuncionarios se remonta a los acontecimientos de abril de 2002, cuando se registraron enfrentamientos armados en Caracas durante una crisis institucional que derivó en la salida temporal del poder del entonces presidente Chávez y su posterior restitución.

Hasta el momento, autoridades venezolanas no han anunciado cambios en la situación jurídica de los detenidos, mientras continúan las exigencias públicas para revisar sus casos y determinar posibles medidas de liberación.