Por orden del juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF), el expresidente Jair Bolsonaro deberá portar una tobillera electrónica y cumplir con severas restricciones por su presunta participación en un intento de interferencia judicial.

Entre las medidas cautelares destacan la prohibición de usar redes sociales, salir de casa entre las 19:00 y las 07:00 horas, acercarse a embajadas o comunicarse con otros investigados, incluido su hijo Eduardo Bolsonaro.

La orden responde a una confesión calificada como “consciente y voluntaria”, en la que Bolsonaro habría admitido haber intentado presionar al Poder Judicial brasileño.

La Policía Federal ejecutó registros en su residencia y en la sede del Partido Liberal, donde hallaron una memoria USB en un baño, además de 14 mil dólares y 8 mil reales en efectivo, suma que supera lo permitido sin declaración aduanal.

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Según investigadores, existían señales de una posible fuga a Estados Unidos, lo que motivó el reforzamiento de medidas preventivas. Bolsonaro ya tenía su pasaporte retenido desde 2024.

El proceso se enmarca en la causa abierta tras el intento de golpe de Estado de enero de 2023. De ser hallado culpable, el expresidente podría enfrentar hasta 40 años de prisión por obstrucción de la justicia, coacción y otros cargos.

La reacción internacional no se ha hecho esperar. Donald Trump calificó la acción judicial como una “caza de brujas” y advirtió con imponer nuevos aranceles a Brasil.

Por su parte, figuras como Eduardo y Flávio Bolsonaro acusan una persecución política. Mientras tanto, el STF mantiene el expediente PET N.º 14129 en análisis, en un proceso que definirá el futuro del exmandatario en los próximos meses.