La crisis de desplazamiento interno en México volvió a colocarse en el plano internacional. Durante una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones civiles advirtieron que el fenómeno no solo persiste, sino que se ha expandido en los últimos años, afectando a cientos de miles de personas en distintas regiones del país.
La sesión se llevó a cabo el pasado 13 de marzo en Guatemala, donde representantes de colectivos, personas defensoras y víctimas expusieron directamente ante el organismo interamericano las condiciones en las que miles de familias han tenido que abandonar sus comunidades por violencia, amenazas o control territorial.
Entre las organizaciones participantes estuvieron el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, el Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán y el Foro para el Desarrollo Sustentable. Todas coincidieron en que el desplazamiento interno en México no es un fenómeno aislado, sino una problemática estructural que implica violaciones simultáneas a derechos como la vivienda, la seguridad, la integridad personal y el acceso a servicios básicos.
De acuerdo con cifras presentadas durante la audiencia, entre 2016 y diciembre de 2024 se han documentado alrededor de 390 mil personas desplazadas en el país. Tan solo en 2024 se registraron 72 eventos de desplazamiento masivo que afectaron al menos a 28 mil 900 personas en 13 estados, lo que representó un incremento del 129 por ciento respecto al año anterior. Para 2025, los registros preliminares apuntan a al menos 15 mil 795 personas desplazadas en nueve entidades.
Las organizaciones señalaron que las dinámicas del desplazamiento han cambiado. Ya no responden únicamente a enfrentamientos armados, sino a disputas prolongadas por el control territorial, la expansión de economías ilícitas y el uso de nuevas formas de violencia, incluido el empleo de drones con explosivos en algunas regiones del país. Estos factores, advirtieron, generan entornos de miedo constante que obligan a comunidades enteras a abandonar sus hogares sin garantías de retorno.
Durante la audiencia también se insistió en la falta de un marco legal integral a nivel federal que reconozca plenamente el desplazamiento interno y establezca mecanismos claros de atención, protección y reparación para las víctimas. Aunque algunas entidades han avanzado en legislaciones locales, las organizaciones consideraron que la respuesta institucional sigue siendo fragmentada y reactiva.
El llamado ante la CIDH incluyó la necesidad de que el Estado mexicano fortalezca sus políticas de prevención, garantice condiciones seguras para el retorno de las personas desplazadas y genere registros oficiales confiables que permitan dimensionar con precisión la magnitud del problema. Mientras tanto, el desplazamiento interno continúa creciendo en silencio en diversas regiones del país, sin una respuesta uniforme que logre contenerlo.