Un conjunto de 17 organizaciones ambientales aseguró que el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México comenzó desde inicios de febrero de 2026 en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), y no en marzo como lo han sostenido autoridades federales.
El pronunciamiento, difundido por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), señala que evidencia satelital y operativa ubica el origen del vertido en un oleoducto de 36 pulgadas identificado como “OLD AK C”, en la Sonda de Campeche.
De acuerdo con el documento, desde el 6 de febrero ya se observaban manchas de hidrocarburos en la zona marina. Un día después, arribó al sitio el buque “Árbol Grande”, especializado en reparación de ductos y operado por Constructora Subacuática Diavaz bajo contrato con Pemex Exploración y Producción, permaneciendo en el área durante ocho días mientras la mancha continuaba expandiéndose.
Para el 19 de febrero, el derrame ya cubría cerca de 300 kilómetros cuadrados. Además, el 13 de febrero se detectaron embarcaciones realizando maniobras de dispersión con cañones de agua, lo que, según las organizaciones, evidenciaba que el incidente ya era conocido, aunque no se emitió una alerta pública inmediata.
El hidrocarburo comenzó a llegar a las costas a inicios de marzo, afectando progresivamente a estados como Tabasco, Veracruz y posteriormente Tamaulipas. Para el 21 de marzo, se habían documentado 630 kilómetros de litoral impactado, incluyendo zonas del Corredor Arrecifal del suroeste del Golfo de México.
El reporte da cuenta de al menos 51 sitios con presencia de chapopote, así como daños en playas, manglares, fauna marina y afectaciones a la actividad pesquera.
Las organizaciones también acusaron que, pese a contar con información temprana, las autoridades no informaron oportunamente a la población. Recordaron que el pasado 26 de marzo, el gobierno federal ubicó el inicio del derrame el 2 de marzo y atribuyó su origen a un buque no identificado y a chapopoteras naturales.
“Lo que hoy existe es evidencia que desmiente esa narrativa”, señala el comunicado, al considerar poco creíble que no se conociera el origen del derrame pese a la presencia de un buque especializado operando durante varios días en la zona afectada.
El posicionamiento fue respaldado por organizaciones como Greenpeace México, CartoCrítica, Geocomunes y la Alianza Mexicana contra el Fracking, quienes calificaron el caso como una “falsedad oficial” sobre la cronología y el origen del vertido.
Las agrupaciones exigieron a las autoridades, entre ellas la Secretaría de Marina, Pemex, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Energía (Sener) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que informen con transparencia sobre el origen, alcance y medidas de remediación del derrame.
Asimismo, subrayaron que las comunidades del Golfo de México tienen derecho a ser informadas, protegidas y a conocer la verdad sobre lo ocurrido.