Organizaciones civiles agrupadas en la Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa advirtieron que una posible relación entre autoridades y el crimen organizado reflejaría debilidades del Estado mexicano para investigar y sancionar casos de corrupción de alto nivel, luego de los señalamientos realizados desde el sistema de justicia de Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya.

En un posicionamiento firmado por siete organizaciones, entre ellas COPARMEX, y más de 30 integrantes de la sociedad civil, se hizo un llamado a que las investigaciones se conduzcan con apego al debido proceso y en estricto respeto a la legalidad en ambos países.

El documento expresa preocupación por el hecho de que las acusaciones provengan de una jurisdicción extranjera, al considerar que ello evidenciaría limitaciones de las instituciones nacionales para atender casos complejos de corrupción y vínculos con el crimen organizado.

Las organizaciones sostienen que la justicia no debe depender de instancias externas y que el país requiere instituciones con capacidad autónoma, rigor técnico y voluntad política para actuar frente a estos casos.

También señalan que la corrupción ha sido un factor que ha permitido la consolidación de estructuras delictivas en Sinaloa y que la relación entre redes criminales y autoridades compromete el funcionamiento de las instituciones públicas.

El pronunciamiento destaca que el combate a la corrupción y la ruptura de vínculos entre el Estado y el crimen organizado deben asumirse como una prioridad en materia de seguridad nacional y gobernabilidad democrática.

Asimismo, subraya el derecho de la ciudadanía a conocer la verdad y demanda procesos transparentes que garanticen el acceso a la información en torno a las investigaciones.