Organizaciones defensoras de la libertad de prensa solicitaron a las autoridades de Veracruz que el caso de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez sea reclasificado como feminicidio, con el fin de que la investigación se lleve a cabo con perspectiva de género y se garantice justicia para sus familiares.

En un pronunciamiento público, señalaron que el Estado mexicano tiene la obligación de asegurar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño, al afirmar que ningún acto de violencia contra las mujeres, y en particular contra periodistas, debe quedar impune. También pidieron a las autoridades estatales reconocer el contexto de riesgo que enfrentan las mujeres comunicadoras en la entidad.

Las organizaciones advirtieron que el caso se inscribe en un entorno de violencia persistente contra el ejercicio periodístico en México, con especial incidencia en Veracruz, donde se han documentado agresiones, desapariciones y asesinatos contra periodistas. Enfatizaron además que las mujeres periodistas enfrentan violencias diferenciadas por razón de género, lo que agrava su situación de vulnerabilidad.

En el mismo escrito subrayaron que México continúa siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y Veracruz mantiene un historial de agresiones, desapariciones y asesinatos contra periodistas que evidencian los riesgos estructurales que enfrenta el gremio particularmente las mujeres periodistas, quienes además enfrentan violencias diferenciadas por razón de género.

También recordaron señalamientos de la gobernadora Rocío Nahle, quien durante la investigación afirmó que el caso no estaba relacionado con la labor periodística de la víctima, lo que fue cuestionado por organizaciones defensoras de la prensa.

Roxana Berenice Guzmán Ramírez era directora de un medio digital en Veracruz y fue privada de la libertad tras el ingreso violento de sujetos armados a su domicilio. Posteriormente, autoridades estatales informaron la detención de varias personas presuntamente implicadas y la localización de restos que fueron identificados como pertenecientes a la comunicadora.

Las organizaciones insistieron en que el caso debe investigarse bajo el protocolo de feminicidio y con enfoque de derechos humanos.