Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, colectivos y activistas señalaron que las marchas realizadas en días recientes habrían sido promovidas por grupos con vínculos partidistas, más que por organizaciones sociales genuinas.

De acuerdo con la Coordinadora de Colectivos, Activistas y Organizaciones Sociales de Michoacán (CCAOS), los llamados a movilización surgieron en chats y redes sociales luego del homicidio, pero pronto se identificó la intervención de simpatizantes del PRI y del PAN, así como de sectores empresariales opositores al gobierno federal.

La agrupación señaló que una de las marchas, convocada bajo el nombre Paro Estudiantil, se organizó desde grupos de WhatsApp y denunció la filtración de datos personales de algunas jóvenes participantes, presuntamente por un integrante vinculado a Morena. No obstante, el propio comunicado del movimiento juvenil terminó exponiendo las cuentas personales de sus organizadoras, lo que permitió identificar su relación con la Red Juvenil por México, donde predominan liderazgos panistas y priistas.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla acusó a “grupos de derecha” y a funcionarios municipales de participar en actos violentos durante las protestas; sin embargo, el alcalde Alfonso Martínez Alcázar negó cualquier implicación.

De cara a la movilización nacional convocada por el movimiento Gen Z para el 15 de noviembre, la CCAOS advirtió que esta iniciativa “no responde a necesidades sociales reales”, sino a intereses de sectores privilegiados que buscan capitalizar políticamente la crisis de inseguridad.