A casi seis meses de que se denunciara la presunta agresión sexual contra un niño de nueve años con autismo en una primaria de Tizayuca, Hidalgo, la familia del menor acusa retrasos en la investigación, omisiones de autoridades y una serie de amenazas que los obligaron a abandonar su lugar de residencia y trasladarse a la Ciudad de México.
El caso ocurrió en diciembre de 2025 dentro de la escuela primaria Donciano Serna Leal. El principal señalado es el director del plantel, identificado como René N. El padre del menor afirmó que existen grabaciones de videovigilancia donde presuntamente se observa al directivo ingresar con el estudiante al área de sanitarios del plantel. Sin embargo, sostuvo que posteriormente dicho material desapareció.
El menor, diagnosticado con autismo grado 2 y con limitaciones importantes en la comunicación verbal, habría logrado expresar lo sucedido mediante señas y cambios de comportamiento detectados por sus familiares. A partir de ello se inició una denuncia formal y comenzaron las investigaciones correspondientes.
La Fiscalía General de la República atrajo el caso a través de la Fiscalía Especializada en delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas. Sin embargo, el padre del niño, Juan Leonardo, asegura que el proceso permanece estancado debido a amparos y retrasos judiciales que, afirma, han impedido el avance de medidas cautelares y acciones penales más severas contra el acusado.
El denunciante también acusó presuntas irregularidades dentro de instituciones de procuración de justicia en Hidalgo, señalando actos de corrupción, filtración de información y omisiones por parte de funcionarios relacionados con el expediente. Además, afirmó que después de sostener reuniones y contactos con autoridades federales comenzaron las amenazas y actos de intimidación contra él y su familia.
Entre las situaciones denunciadas se encuentran presuntos seguimientos por personas armadas, vigilancia en vehículos vinculados con corporaciones locales y presiones durante comparecencias oficiales. El padre del menor sostuvo que la familia quedó en una situación de vulnerabilidad y decidió salir del estado ante el temor por su integridad física.
La familia también manifestó su desconfianza en las autoridades locales y solicitó la intervención de organismos internacionales para garantizar protección y seguimiento al caso. Hasta el momento, no se ha informado sobre una resolución judicial definitiva ni sobre nuevas imputaciones relacionadas con la investigación.
El caso ha generado atención debido a la gravedad de las acusaciones, el señalamiento contra personal directivo de una institución educativa y las denuncias sobre presuntas fallas en el acceso a la justicia para víctimas menores de edad.