El Partido Acción Nacional (PAN) planteó establecer penas de hasta 140 años de prisión para servidores públicos y políticos que tengan vínculos o colaboren con organizaciones delictivas, como parte de un paquete de propuestas en materia de seguridad.

La iniciativa busca endurecer las sanciones contra quienes, desde cargos públicos, establezcan relaciones de complicidad con grupos criminales, al considerar que este tipo de vínculos representan una amenaza para las instituciones y favorecen la operación de la delincuencia organizada.

La propuesta contempla que el delito de colusión entre funcionarios y organizaciones criminales pueda ser castigado con una pena de hasta 140 años de cárcel, además de inhabilitación para ocupar cargos públicos y que el ilícito no prescriba.

Los legisladores panistas también plantearon sanciones severas para el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado. En este caso, las penas propuestas irían de 80 a 140 años de prisión cuando se utilicen engaños, amenazas, fuerza o cualquier otro mecanismo para incorporar a menores a actividades delictivas.

De acuerdo con los promotores de la reforma, el objetivo es cerrar espacios de impunidad y combatir tanto la incorporación de menores a grupos criminales como la participación de funcionarios que colaboren con estas organizaciones.