El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ha puesto sobre la mesa una contradicción crítica en la política alimentaria de México. Según el reporte más reciente, el país se ha consolidado como el mayor importador mundial de maíz, con una proyección récord de 25.8 millones de toneladas para el ciclo 2025/2026. Lo paradójico, señala el organismo, es que la gran mayoría de este grano proviene de campos estadounidenses donde predominan las semillas genéticamente modificadas, mientras que en territorio mexicano no se han otorgado permisos de siembra para estos cultivos desde hace seis años.

Esta dependencia no se limita al grano dorado; la industria nacional también está atada a insumos biotecnológicos extranjeros para el algodón y la soya. Durante el último año, el gobierno mexicano autorizó la importación de 10 eventos transgénicos adicionales para maíz, soya y papa, confirmando que, aunque se rechaza la producción local con biotecnología por motivos de soberanía y salud, el consumo interno sigue alimentándose de procesos desarrollados fuera de sus fronteras. La única excepción a esta regla es la biotecnología microbiana, un sector que generó un comercio estimado de 15,400 millones de dólares en 2024.

El informe del USDA sugiere que estas limitaciones legales al desarrollo biotecnológico propio están frenando la competitividad de los agricultores mexicanos frente a sus socios del T-MEC. Al no poder acceder a semillas resistentes a plagas o sequías que ya se utilizan en el extranjero, el campo nacional enfrenta una brecha de productividad que termina por profundizar la dependencia de las compras externas. Mientras México mantiene su postura de proteger las variedades nativas, el mercado global y la demanda interna lo obligan a seguir siendo el principal cliente del maíz transgénico estadounidense.