En Michoacán, diversas mujeres han denunciado haber vivido experiencias de maltrato durante la atención médica relacionada con el embarazo, el parto o el periodo posterior al nacimiento. Las quejas incluyen trato deshumanizado, intervenciones médicas realizadas sin consentimiento, presión para aceptar procedimientos y falta de información durante el proceso de atención obstétrica.

El fenómeno, conocido como violencia obstétrica, ha sido documentado por organismos públicos y especialistas en salud y derechos humanos. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021 del INEGI, en México tres de cada diez mujeres que tuvieron un parto reportaron haber sufrido algún tipo de maltrato durante la atención obstétrica. Entre las prácticas más señaladas aparecen regaños, humillaciones, procedimientos realizados sin explicación previa o decisiones médicas tomadas sin consultar a la paciente.

En el caso de Michoacán, los datos de la misma encuesta ubican al estado dentro del grupo de entidades donde alrededor de una tercera parte de las mujeres de entre 15 y 49 años que tuvieron un parto reportaron algún episodio de violencia obstétrica, lo que refleja una problemática persistente dentro de los servicios de salud reproductiva.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha señalado que la violencia obstétrica constituye una violación a los derechos humanos, ya que afecta el derecho a la salud, la integridad personal y la autonomía reproductiva de las mujeres. En recomendaciones emitidas en distintos años, el organismo ha documentado casos en los que pacientes fueron sometidas a procedimientos sin información suficiente o recibieron trato discriminatorio durante el trabajo de parto.

Especialistas en salud pública han advertido que estas prácticas no siempre se presentan como agresiones directas, sino también como formas de negligencia institucional. La investigadora Marta Lamas, académica y especialista en género y salud reproductiva, ha explicado que la violencia obstétrica suele manifestarse en contextos donde las decisiones médicas se toman sin diálogo con la paciente, reproduciendo relaciones de poder dentro del sistema de salud.

Por su parte, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) ha documentado que este tipo de violencia puede incluir la realización de cesáreas innecesarias, episiotomías sin consentimiento, negación de analgesia, presión para aceptar procedimientos o comentarios humillantes durante el parto, prácticas que afectan la experiencia de las mujeres durante uno de los momentos más delicados de su vida.

Ante esta problemática, la 76ª Legislatura del Congreso de Michoacán incorporó recientemente la definición de violencia obstétrica dentro del marco legal estatal. La reforma busca reconocer formalmente estas conductas y establecer mecanismos de prevención dentro del sistema de salud, definiendo la violencia obstétrica como acciones u omisiones del personal médico que impliquen trato deshumanizador, abuso de medicalización o pérdida de autonomía para las mujeres durante la atención del embarazo, parto o puerperio.

El reconocimiento legal es un paso importante, pero el reto principal sigue siendo modificar prácticas institucionales dentro de hospitales y clínicas, mediante capacitación al personal, protocolos de consentimiento informado y mecanismos efectivos de denuncia.

Mientras estas medidas avanzan, los testimonios de mujeres en Michoacán siguen reflejando una tensión persistente entre la atención médica y el respeto a los derechos reproductivos, un debate que continúa creciendo en el ámbito público y sanitario del país.