En un debate lleno de insultos y acusaciones como “traidor”, “filonazi”, “neofascista” o “cobarde”, el Parlamento español aprobó la ley general de amnistía, con la que se absolverá de las imputaciones en diversos tribunales a los líderes independentistas catalanes que impulsaron la declaración fallida de secesión de octubre de 2017.

Una vez reflejada la norma en estos registros públicos, el expresidente catalán Carles Puigdemont podrá volver a Cataluña casi siete años después de que decidiera trasladarse a vivir a Bruselas para evitar ser juzgado por los tribunales españoles.

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El presidente español, Pedro Sánchez, cumple así con lo pactado con las fuerzas independentistas catalanas, con quienes pactó aprobar esa legislación que borrará las imputaciones y los delitos a los independentistas catalanes, a cambio de que los siete diputados de los nacionalistas catalanes apoyaran su investidura, como hicieron y con los que Sánchez logró la reelección.

La aplicación de la ley queda ahora en manos de los tribunales de justicia, que son los responsables de aplicar la norma y, en su caso, acudir a instancias superiores en caso de controversia, como puede ser el Tribunal Constitucional español o el Tribunal Europeo de Justicia.

El líder de la oposición y del PP, que es el grupo mayoritario de la Cámara, Alberto Núñez Feijóo, tildó la nueva ley como un “acto de corrupción” con el que “intercambia poder a cambio de impunidad y privilegios, pero hay una realidad que no cambia: ustedes han mentido a los españoles porque prometieron no hacer esto. Este trueque tiene un nombre: corrupción política y cambalache”.