El proceso de aprobación e implementación de la reforma judicial en México ha provocado un rezago en la resolución de casos ante jueces y tribunales federales, con estimaciones que sugieren que podría demorar hasta dos años en normalizarse.

Durante los 71 días de paro de trabajadores del poder judicial, que se extendió del 19 de agosto al 28 de octubre, se dejaron de emitir más de 236 mil resoluciones, afectando gravemente el flujo de justicia en el país.

Aunque no se cuenta con una cifra exacta de los procesos judiciales impactados, datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2023, del Inegi, revelan que en 2022 se resolvieron un total de un millón 214 mil 806 asuntos en diversas materias.

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Eso implica que, solo durante el paro, aproximadamente 236 mil 304 resoluciones quedaron pendientes; sin embargo, algunas resoluciones pudieron emitirse gracias a guardias para asuntos urgentes.

La Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que entre el 20 de agosto y el 30 de septiembre se cancelaron 12 mil 448 audiencias judiciales, lo que equivale a un promedio de 296 audiencias diarias.

Proyectando ese dato, se estima que alrededor de 21 mil audiencias habrían sido afectadas durante el paro.

Además, se reporta que el 52 % de las 655 apelaciones pendientes al 21 de octubre llevaba de cuatro a 23 meses sin resolución, lo que contribuye a la prolongación de los procesos judiciales.