El financiamiento público a partidos políticos en Michoacán para 2026 quedó fijado en 305 millones 597 mil 309.04 pesos, de acuerdo con el acuerdo aprobado por el Instituto Electoral de Michoacán al inicio del año.

Del total, 296.6 millones de pesos se destinarán a actividades ordinarias permanentes, es decir, a la operación cotidiana de los partidos, mientras que 8.9 millones corresponden a actividades específicas como capacitación, investigación y tareas editoriales.

La distribución responde a la fórmula establecida en la ley electoral local: el 30 por ciento se reparte de forma igualitaria entre los partidos con derecho a financiamiento y el 70 por ciento restante se asigna con base en la votación obtenida en la última elección de diputaciones locales. Para el cálculo se utilizó el padrón electoral estatal con corte a mediados de 2025 y el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización.

En el reparto, Morena concentra la mayor cantidad de recursos, con 83 millones 800 mil 578 pesos, seguido por el PAN, con 48 millones 865 mil 934 pesos, y el PRI, con 38 millones 739 mil 478 pesos.

Detrás aparecen Movimiento Ciudadano, con 32 millones 672 mil 287 pesos; el PT, con 32 millones 61 mil 348 pesos; el PVEM, con 31 millones 216 mil 934 pesos; y el PRD, con 29 millones 339 mil 855 pesos.

El monto aprobado para 2026 es mayor al del año anterior. En 2025, el financiamiento público fue de 292 millones 262 mil 657 pesos, lo que implica un incremento de poco más de 13 millones de pesos en un año sin proceso electoral local.

El ajuste no modificó el orden en la distribución. Morena se mantiene como la fuerza con mayor financiamiento, seguido por PAN y PRI, mientras que el resto de los partidos conserva participaciones similares a las del ejercicio anterior, con variaciones marginales derivadas de la actualización del padrón y la UMA.

De manera paralela, en el Congreso de Michoacán se presentó una iniciativa para modificar el esquema de financiamiento público a partidos, con el argumento de reducir costos y ajustar el modelo estatal a posibles cambios a nivel nacional. La propuesta no impacta el presupuesto ya aprobado para 2026, pero introduce el tema en la agenda legislativa local.