Lo que comenzó como un operativo tenso terminó con dos civiles heridas. La tarde del jueves 10 de abril, una patrulla de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán impactó por alcance una motocicleta en la que viajaban dos mujeres, en la carretera Zacapu–Purépero, justo después de que el convoy oficial se retiraba del predio agrícola asegurado en la comunidad de El Pueblito, municipio de Zacapu.

Las víctimas, identificadas como Ana María, de 19 años, y Ana Laura, de 50, fueron trasladadas de emergencia a un hospital para recibir atención médica. Ambas se encontraban a bordo de una motocicleta cuando fueron alcanzadas por la unidad oficial, que circulaba a alta velocidad en maniobra de salida tras el operativo donde dos agentes ministeriales fueron previamente retenidos por pobladores.

Te puede interesar: Triple homicidio en Villas del Pedregal: hallan 3 cuerpos en un terreno baldío

El accidente ocurrió en un contexto ya de por sí delicado. Horas antes, los agentes ministeriales habían sido agredidos y desarmados durante la ejecución de una orden de aseguramiento sobre una huerta de aguacate presuntamente vinculada a actividades ilegales.

La tensión en la zona era palpable y el repliegue de las fuerzas de seguridad fue precipitado, sin control ni protocolos claros de desmovilización.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha emitido un comunicado oficial sobre el atropellamiento ni sobre el estado de salud de las afectadas. Tampoco se ha informado si el conductor de la patrulla enfrentará alguna investigación o sanción.

Lo ocurrido deja en evidencia el costo colateral de operativos fallidos: cuando el Estado se repliega apresurado, suele dejar tras de sí no solo vacíos de autoridad, sino cuerpos lastimados.

La intervención oficial en Zacapu no solo terminó con servidores públicos humillados y un predio asegurado, sino con la vida cotidiana de dos mujeres interrumpida por el peso —literal— de una institución que no supo cómo retirarse sin atropellar.