El expresidente izquierdista Pedro Castillo (2021-2022) recibió este miércoles una condena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, derivado del fallido intento de golpe de Estado ocurrido el 7 de diciembre de 2022.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema determinó que Castillo no consumó el delito de rebelión, dado que sus planes golpistas no llegaron a concretarse. Esto llevó a que la Fiscalía redujera su solicitud inicial de 34 años de prisión a la pena finalmente impuesta por el tribunal.
Junto al exmandatario, sus exministros Betssy Chávez, actualmente refugiada en la embajada de México, y Willy Huerta, recibieron la misma condena. Por su parte, Aníbal Torres, exjefe del gabinete de asesores, fue sentenciado a 6 años y 8 meses de cárcel. En los casos de Torres y Huerta, la ejecución de la pena fue suspendida.
El tribunal también ordenó una reparación civil de 12 millones de soles (aproximadamente 65,4 millones de pesos mexicanos) por daño extra-patrimonial, monto que deberá ser asumido de manera solidaria por Castillo, Chávez, Torres y Huerta.
El 7 de diciembre de 2022, Castillo emitió un mensaje a la nación en el que anunciaba la disolución temporal del Congreso, la intervención de la Judicatura y su intención de gobernar mediante decretos. Esto ocurrió poco antes de una nueva moción parlamentaria que buscaba destituirlo en medio de acusaciones de corrupción. Sin embargo, su intento no prosperó y fue detenido horas después mientras se dirigía, aparentemente, a la Embajada de México. Su familia sí logró ingresar al país azteca, mientras él fue destituido por el Congreso y permanece en prisión.
El fallo judicial también señala a Chávez como coautora del delito de conspiración para rebelión, destacando que coordinó la entrada de periodistas de TV Perú para retransmitir en vivo el mensaje presidencial, ocultando el verdadero motivo de la convocatoria. Según la Corte, Chávez tuvo un rol activo en la organización del intento de ruptura del orden constitucional. Actualmente, la justicia peruana ha emitido una orden de búsqueda y captura contra ella, ya que el gobierno de transición encabezado por José Jerí aún no ha autorizado su salida hacia México.
Castillo gobernó apenas 16 meses, durante los cuales realizó más de 60 cambios en su gabinete, generando parálisis administrativa y enfrentando dos intentos previos de destitución.
La sentencia llega un día después de que el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) fuera condenado a 14 años de prisión por recibir sobornos de empresas constructoras durante su gestión como gobernador de Moquegua, además de ser inhabilitado por nueve años para ejercer cargos públicos.
Con las condenas de Castillo y Vizcarra, Perú suma ya cuatro exmandatarios presos en las últimas décadas: Alejandro Toledo (2001-2006), condenado a 20 años por lavado de activos, y Ollanta Humala (2011-2016), con una pena de 15 años por lavado de dinero ligado a la constructora brasileña Odebrecht. Alberto Fujimori, por su parte, cumplió más de 15 años de prisión, fue liberado en 2023 y falleció al año siguiente.