Cientos de heridos y más de una decena de personas fallecidas, el saldo de la “mala gestión” y las “omisiones institucionales” en los centros de detención municipal de Michoacán.
El informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) reveló que en solo 5 años, se documentaron 690 personas lesionadas al interior de las “barandillas”.
Además, sumaron 14 muertes por lesiones generadas al interior de los mismos espacios. En este rubro, las investigaciones se encuentran en manos de la Fiscalía General de Michoacán (FGE).
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El único municipio en todo el estado que cumple con las normativas y espacios adecuados es Zitácuaro. El resto de las demarcaciones, incluyendo Morelia, incumplen en prácticamente todos los rubros.
Casi la mitad del personal que opera en los centros de detención municipal de todo el estado no cuenta con formación ni está capacitado en derechos humanos.
A pesar de los intentos de la defensora de los derechos humanos de Michoacán de evaluar al sistema de detención administrativo, casi la mitad de los municipios de todo el estado no permitieron las visitas de inspección del personal de la CEDH.
Se presume que la misma condición de omisión ha llevado a las demarcaciones a no permitir la supervisión que parte de la “buena fe” de las instituciones a ser sometidas al escrutinio público y a la evaluación.