Los casos relacionados con pensión alimenticia representan alrededor del 30 por ciento de los asuntos resueltos durante este año en la Sala Regional de Zamora, informó la magistrada Viridiana Villaseñor Aguirre. De aproximadamente 200 expedientes atendidos en lo que va de 2026, cerca de 60 corresponden a solicitudes de incremento, reducción o suspensión de pensiones alimenticias.
La Sala Regional tiene jurisdicción sobre siete juzgados ubicados en las regiones de Zamora y Zacapu, donde los asuntos relacionados con niñas, niños y adolescentes constituyen una parte importante de la carga de trabajo judicial.
La relevancia de estos casos también se refleja a nivel estatal. En Michoacán, alrededor de 25 mil niñas, niños y adolescentes enfrentan afectaciones derivadas del incumplimiento de pensiones alimenticias, una problemática que ha motivado reformas legales para endurecer las sanciones contra deudores alimentarios.
Villaseñor Aguirre señaló que la pensión alimenticia no se limita a la alimentación, sino que también contempla gastos de vivienda, vestido, educación, atención médica y otras necesidades indispensables para el desarrollo integral de los menores.
Indicó que, al analizar estos casos, los juzgadores revisan documentación financiera, estados de cuenta e información fiscal con el objetivo de determinar montos proporcionales a las posibilidades económicas de quienes tienen la obligación de proporcionar los recursos.
La magistrada explicó que tanto hombres como mujeres recurren a los tribunales para plantear controversias relacionadas con esta materia. Mientras algunas mujeres solicitan incrementos o pensiones compensatorias, algunos hombres buscan acreditar sus ingresos reales para evitar cuotas que consideren superiores a su capacidad económica.
En Zamora, durante los primeros meses de 2026 se han registrado diversos procesos penales por incumplimiento de obligaciones alimentarias. En uno de los casos recientes, la deuda acumulada superó los 82 mil pesos, mientras que otro procedimiento derivó en una sentencia relacionada con un adeudo superior a los 205 mil pesos.
Subrayó que la prioridad de las resoluciones judiciales es garantizar el interés superior de la niñez y proteger derechos que son considerados irrenunciables, independientemente de los conflictos existentes entre los progenitores.
Respecto a la violencia vicaria, la magistrada informó que desde su llegada a la Sala Regional, en septiembre de 2025, no se han presentado asuntos bajo esta figura jurídica. Sin embargo, consideró que aún es necesario fortalecer la difusión y el conocimiento sobre este tipo de violencia para facilitar su identificación y denuncia.