La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes continúa desarrollándose en un escenario de profunda impunidad en México, donde la mayoría de los casos no logra avanzar dentro del sistema de justicia.

De acuerdo con datos recientes, el 87 por ciento de las agresiones denunciadas permanece sin una resolución judicial, dejando a las víctimas sin reparación del daño y permitiendo que los agresores evadan cualquier tipo de sanción.

El problema no solo se expresa en la falta de sentencias, sino también en los obstáculos que impiden que los casos sean investigados adecuadamente.

Especialistas y organizaciones que acompañan a menores víctimas han advertido que la atención institucional suele fragmentarse entre áreas médicas, psicológicas y ministeriales, lo que genera procesos largos y en ocasiones revictimizantes.

A esto se suma la limitada capacidad de muchas fiscalías para integrar expedientes con perspectiva de infancia y con pruebas suficientes para sostener un proceso penal.

En diversas regiones del país, familias afectadas han señalado que las denuncias tienden a estancarse durante los primeros meses, periodo clave para la recopilación de evidencias. Cuando esto ocurre, la falta de dictámenes oportunos, la ausencia de peritos especializados y los retrasos en las evaluaciones psicológicas terminan dificultando el seguimiento, propiciando que los agresores permanezcan en libertad incluso cuando existen señalamientos directos.

Mientras tanto, colectivos y defensorías insisten en que la impunidad no solo perpetúa el daño emocional y físico en las víctimas, sino que envía un mensaje social que normaliza la violencia sexual contra menores.

Las organizaciones han reiterado la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección, mejorar la capacitación del personal involucrado en la atención e impulsar reformas que garanticen investigaciones más ágiles, sensibles y efectivas.