A casi dos años sin avances, el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) volvió a exigir al Congreso del Estado que cumpla con su responsabilidad y designe a los titulares pendientes del Órgano Interno de Control (OIC) y de la Comisión de Selección, encargada de nombrar a futuros integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC).

Durante la sesión ordinaria de este jueves, integrantes del Comité expresaron su preocupación ante el rezago legislativo que mantiene incompleto al sistema, lo que advierten que se ha limitado su funcionamiento y podría agravar los problemas de operatividad hacia el cierre del año.

La Secretaría Técnica del SEA, encabezada por la Dra. Miryam Alcalá, presentó un documento que recoge los impactos concretos de la omisión legislativa, entre ellos, la falta de control interno desde 2023 y la inminente salida del último integrante del CPC, lo que dejaría completamente inoperante esa instancia ciudadana del sistema.

“Se trata de un tema urgente, no solo administrativo, sino de credibilidad. El SEA no puede seguir funcionando con estas ausencias estructurales”, alertó Alcalá ante los integrantes del Comité Coordinador, entre ellos representantes del Poder Judicial, la Auditoría Superior, la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal Administrativo y contralores municipales.

El nuevo exhorto también contempla la propuesta de agendar reuniones directas con legisladores, con el fin de exponerles de manera puntual los efectos que ha tenido el retraso en las designaciones.

Además, durante la misma sesión se presentó el Estudio de Presupuesto Anticorrupción 2019-2025, donde se documenta la evolución de recursos destinados a las instancias que integran el SEA.

También se dio a conocer una nueva plataforma de monitoreo ciudadano sobre la implementación de la Política Estatal Anticorrupción, una herramienta pensada para transparentar los avances y estancamientos del sistema.

Pese al trabajo técnico y los diagnósticos constantes, los nombramientos clave siguen detenidos. Mientras tanto, las instituciones que integran el SEA operan a medias, a la espera de que el Congreso de Michoacán responda.

Cabe destacar que la postura del gobierno de Michoacán de extinguir del Sistema Estatal Anticorrupción sigue su curso desde inicios de este año.

En marzo y abril finalmente se extinguió el Imaip, por considerar dichos espacios como altas cargas burocráticos escasos de resultados.