El Gobierno de Perú declaró el estado de emergencia durante 60 días en cinco establecimientos penitenciarios considerados de alta peligrosidad, debido a la presencia de internos vinculados con organizaciones criminales y a la actividad delictiva que, según las autoridades, puede ser coordinada desde las cárceles. Los centros concentran cerca de la mitad de los internos relacionados con estas organizaciones.

Los penales incluidos en la medida son Challapalca, en Tacna; Cochamarca, en Pasco; Miguel Castro Castro y Ancón I, en Lima; y Trujillo Varones, en La Libertad. La Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas.

La declaratoria también comprende los perímetros exteriores de los establecimientos, hasta un radio de 200 metros. En esa zona se establecen restricciones temporales a derechos como la libertad de tránsito y reunión, además de medidas destinadas a reforzar la vigilancia del espacio aéreo y el espectro electromagnético alrededor de los centros penitenciarios.

El Gobierno peruano sostiene que la intervención busca impedir que organizaciones criminales mantengan operaciones desde el interior de las cárceles hacia el exterior. La medida se produce mientras las autoridades impulsan reformas para fortalecer la seguridad y enfrentar el crecimiento de las estructuras delictivas en el país.