La violencia en América Latina y el Caribe ha aumentado a pesar de mejoras en indicadores económicos como pobreza, desempleo y desigualdad.

El avance del delito hacia un entorno de alta criminalidad se da cuando los estados son incapaces de disuadir los crímenes, lo que lleva a delitos altamente predatorios como la extorsión, el secuestro y los homicidios por control territorial.

Los cárteles obtienen la mayoría de sus ganancias del trasiego de narcóticos, y su especialización en cruzar la frontera les ha permitido convertirse en multimillonarios, a pesar de diversificarse en otros delitos lucrativos como el tráfico de personas y la extorsión.

La dificultad para detener el flujo ilegal incrementa los márgenes de ganancia de los cárteles, especialmente en un mercado tan grande como el estadounidense, donde millones de personas consumen drogas ilícitas cada año.

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Antes, los grupos mexicanos de la droga traficaban principalmente marihuana y goma de opio, siendo ricos pero no tanto como ahora. En ese entonces, México no enfrentaba la misma criminalidad que hoy en día.

Las instituciones policiales corruptas y débiles lograban contener el crimen, pero todo cambió con la llegada del mercado de cocaína, que los traficantes aprovecharon para socavar el sistema de justicia mexicano y desencadenar la actual ola de violencia.

En México, el mercado interno de cannabis, cocaína y sus derivados no supera los 600 millones de dólares, siendo el tránsito hacia Estados Unidos el principal negocio debido a la demanda no contenida por la política prohibicionista en dicho país.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos para frenar el ingreso de drogas a Estados Unidos y México, la demanda persistirá y podrían surgir nuevas rutas de tráfico.