Jubilados y movimientos sociales de Argentina preparan una nueva movilización para rechazar el veto presidencial a la reforma previsional aprobada en el Senado la semana pasada.

El veto del presidente de Argentina, Javier Milei, a un proyecto de ley modifica la fórmula de actualización de las pensiones

La protesta, pautada para el miércoles 4 de septiembre, tomará mayor dimensión luego de la represión que sufrieron en la última manifestación, cuando la Policía Federal avanzó con gases y palos contra los manifestantes en la puerta del Congreso de la Nación.

Elementos de seguridad golpearon a varios de los manifestantes de la tercera edad y utilizaron gas pimienta, que también afectó a algunos periodistas que cubrían la marcha.

La nueva protesta, que se iniciará en las inmediaciones del Parlamento y culminará en Plaza de Mayo, tiene como objetivo visibilizar que el ajuste fiscal del presidente, Javier Milei, recae en gran medida en los jubilados.

Los jubilados desafiarán una vez más al protocolo de seguridad que conduce Patricia Bullrich, quien anticipó que, de cerrarse las calles, volverán a reprimir a los manifestantes.

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El vocero presidencial, Manuel Adorni, defendió el actuar de los policías, al decir que “lo único que se hizo fue cumplir con el protocolo” y advirtió que “la calle no se puede cortar y la ley no se puede incumplir”.

Por su parte, Nora Biaggio, representante del plenario de organizaciones de jubilados, explicó que la represión del miércoles pasado no fue casual: “Tiene un sentido muy claro, que es silenciar a un sector de la población del que el Gobierno saca gran parte de sus finanzas”.

Los organizadores esperan la adhesión de sindicatos, agrupaciones políticas peronistas y de izquierda, como centros de estudiantes, e incluso, reclaman la participación de la Confederación General del Trabajo (CGT), que en los últimos días sacó un pronunciamiento en repudio al accionar de la represión policial contra los jubilados, pero que no se pliega a las medidas de protesta.