El presidente de Colombia, Gustavo Petro, difundió una demanda de nulidad contra la elección presidencial de 2026, en la que el candidato derechista Abelardo de la Espriella obtuvo la victoria en segunda vuelta frente al oficialista Iván Cepeda por una diferencia de votos de apenas 0.003%.

El recurso fue presentado ante el Consejo de Estado por el grupo denominado “Testigos Digitales”, una iniciativa impulsada por sectores vinculados al partido oficialista Pacto Histórico, que también creó una plataforma digital con documentos, herramientas de análisis y registros sobre presuntas irregularidades en el proceso electoral.

La demanda señala posibles fallas en los mecanismos de verificación de los formularios E-14, utilizados como actas de escrutinio en las mesas de votación, aunque el propio documento precisa que no sostiene la existencia de un fraude electoral comprobado.

Petro compartió el martes en su cuenta de X un enlace al portal “Testigos Digitales 2026”, acompañado del mensaje: “Aquí todas las pruebas del fraude electoral en Colombia, ya judicializadas”.

La plataforma se presenta como un ejercicio de “auditoría ciudadana y preservación de la transparencia electoral en Colombia” y expone una comparación entre los procesos electorales de 2022 y 2026. Entre sus principales señalamientos está que durante los comicios actuales se habría reducido la trazabilidad digital que permitía verificar el origen e integridad de los documentos electorales.

De acuerdo con el sitio, tras analizar más de 700 mil documentos públicos se detectó que 97.4% no cuenta con metadatos y que ninguno posee firma criptográfica, situación que, según la plataforma, habría dejado la consolidación del preconteo en manos de un software sin posibilidad de auditoría.

Además de la demanda de nulidad y la solicitud de medidas cautelares, el portal incluye un mapa de supuestas anomalías territoriales, un visor del escrutinio, herramientas para revisar metadatos y un simulador sobre posibles modificaciones a los formularios E-14.

La impugnación deberá ser revisada por el Consejo de Estado, autoridad encargada de resolver las controversias relacionadas con la validez de actos electorales en Colombia. Mientras tanto, el resultado de la elección permanece vigente hasta que exista una resolución judicial.