La movilización ambiental que recientemente logró frenar el proyecto turístico “Perfect Day” en Mahahual ha impulsado nuevas protestas ciudadanas en distintas regiones del país, ahora enfocadas en la defensa de Loreto, Baja California Sur, donde habitantes y organizaciones buscan impedir la expansión portuaria por considerar que representa una amenaza para la ballena azul y otros ecosistemas marinos.

La preocupación surgió luego de la publicación de un decreto federal que reclasifica a Loreto como puerto de altura y cabotaje, permitiendo la llegada de embarcaciones internacionales, operaciones comerciales y mayor actividad marítima en la zona. Habitantes de Loreto han realizado marchas y protestas bajo consignas como “No a los cruceros, sí a las ballenas” y “Loreto no se vende, se defiende”.

El biólogo marino Lorenzo Rojas Bracho ha advertido anteriormente que el ruido submarino generado por barcos y megacruceros puede afectar a las ballenas al interferir con su capacidad de comunicación, orientación y localización de alimento durante sus rutas migratorias.

Además, investigadores de conservación marina han señalado que el aumento del tráfico marítimo incrementa el riesgo de colisiones mortales con cetáceos, así como contaminación derivada de combustibles, residuos y descargas de agua de lastre que pueden alterar el equilibrio ecológico de la Bahía de Loreto.

La ballena azul encuentra en Loreto una de sus principales zonas de reproducción, alimentación y avistamiento en México, por lo que habitantes de la región han advertido que una expansión portuaria podría modificar ecosistemas marinos y afectar especies protegidas como delfines, tortugas y tiburones.

La movilización social tomó fuerza mediante una petición digital en Change.org titulada “Loreto no es puerto de altura, es santuario de ballenas”, donde ciudadanos solicitan revertir el decreto y mantener el modelo de turismo sustentable de la región. Petición para proteger Loreto y la ballena azul

Además de Loreto y Mahahual, ciudadanos mantienen campañas en otras regiones del país contra proyectos turísticos, inmobiliarios y energéticos que consideran riesgosos para ecosistemas protegidos, playas, manglares y zonas de conservación marina.