En las últimas dos décadas los municipios de Michoacán construyeron plantas de tratamiento de agua que fueron abandonadas por los altos costos de mantenimiento, dejando fuera de operación al 60 % de las instalaciones.

Las plantas se proyectaron desde estado y federación sin contemplar el costo de la energía eléctrica, personal especializado y otros químicos.

Lo anterior, convirtió en auténticos elefantes blancos a dos terceras partes de las plantas tratadoras de agua del estado.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla urgió a romper con el paradigma institucional de ser omisos al desperdicio y contaminación impune del agua.

“Sí, hay una cuestión por mala planeación; en las últimas décadas se construyeron muchas plantas pero con mecanismos electromecánicos. Es decir, de electricidad y bombas que resultan muy costosas en su operación, invisibles”, apuntó Ramírez Bedolla.

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“Lo que hacemos nosotros es que todas las plantas no sean electromecánicas, sino que sean por gravedad y lagunas de oxidación. De esas tenemos muy pocas, solo el 28 % y queremos tener más porque consumen poca electricidad”, explicó.

Datos de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (CEAGC) refieren que al menos 80 municipios no tratan ni una sola gota del agua que diariamente consumen y desechan, mientras que el resto lo hace de manera parcial y terminan vertiendo aguas crudas a ríos, lagos y litorales.

En números reales, de las 150 plantas tratadoras que existen en Michoacán, un total de 90 no funcionan, están apagadas o simplemente dejaron de operar ante los altos costos que representa par las demarcaciones mantenerlas funcionando.

A pesar del costo ambiental, los municipios y sus ayuntamientos prefieren pagar las multas de hasta 300 mil pesos mensuales y más de tres millones de pesos al año a la Comisión Nacional del Agua, que reactivar el funcionamiento de la infraestructura abandonada desde hace más de una década.