En una comunidad rural de la capital guerrerense, una entrega escolar terminó convirtiéndose en motivo de controversia. La regidora de Morena Nicole Cambray acudió a la Escuela Primaria Intercultural Cuitláhuac para donar una impresora multifuncional, sin percatarse de que el plantel carece de servicio eléctrico. El gesto, difundido inicialmente en sus redes sociales, fue recibido con críticas y burlas por su evidente incongruencia.
En las imágenes compartidas se observa a la funcionaria durante el acto, acompañada por alumnos y docentes. Sin embargo, poco después la publicación fue retirada ante los cuestionamientos que señalaban la inutilidad de un equipo que no puede siquiera encenderse. El episodio desató una discusión más amplia sobre la desconexión entre las decisiones políticas y las condiciones reales de las comunidades rurales.
Tras la polémica, Cambray explicó que la entrega respondió a una petición directa de los padres de familia, quienes originalmente habían solicitado útiles escolares, pero modificaron la solicitud por una impresora. Argumentó además que la zona donde se ubica la escuela será incorporada próximamente a un proyecto de electrificación, y que mientras tanto ha promovido la instalación de lámparas solares para alumbrar las calles y espacios públicos.
El caso evidencia el rezago en infraestructura básica que enfrentan las escuelas rurales de Guerrero. Según datos del último Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica, al menos 600 planteles del estado carecen de conexión eléctrica estable y más de 1,200 reportan fallas frecuentes en el suministro. En México, el rezago es todavía más amplio: cerca de 17 mil escuelas públicas del país operan sin energía o con sistemas provisionales.
En distintas regiones del país, miles de planteles enfrentan condiciones similares: falta de electricidad, agua potable o conectividad, a pesar de que las políticas públicas promueven la digitalización y el uso de herramientas tecnológicas. De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Educación Pública, más de 17 mil escuelas en México carecen de energía eléctrica o dependen de sistemas precarios, mientras que una de cada cinco no cuenta con acceso continuo a agua. En estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, la brecha se amplía por la dispersión geográfica y la falta de inversión en infraestructura básica, lo que convierte a episodios como el de Chilpancingo en reflejo de un rezago que atraviesa todo el sistema educativo nacional.
Estos números reflejan la magnitud del desafío. Mientras los programas educativos impulsan herramientas tecnológicas, en muchas regiones el problema sigue siendo encender la luz. En ese contexto, el caso de Chilpancingo ilustra un desfase recurrente entre los apoyos anunciados y la realidad que los recibe.
En una zona donde las carencias más urgentes pasan por servicios elementales, electricidad, agua y techos firmes, una impresora sin luz se convirtió en símbolo involuntario de la distancia entre el discurso público y las necesidades más básicas de la educación.