En sus dos administraciones (2015-2018 y 2021-presente), Alfonso Martínez ha buscado reforzar las medidas recaudatorias, como con alcoholímetros y retenes –prácticas que fueron denunciadas por abuso de autoridad–, incluso el incremento al costo del servicio de agua potable, el más caro del país, lo cual ha afectado la economía de la sociedad moreliana, y aunque muchas medidas no llegaron a concretarse en su gobierno anterior, como el establecimiento de parquímetros en el Centro Histórico o la de fotomultas, la inconformidad hacia su administración, particularmente a su policía, es cada vez mayor.

Según declaraciones del tesorero municipal Héctor Gómez Trujillo, durante 2022 el Gobierno de Morelia recaudó alrededor de 50 millones de pesos por multas en alcoholímetros y otras de tránsito, como estacionarse en lugares prohibidos o malas prácticas al volante.

Para conseguir 50 millones de pesos en un año, el tesorero dijo que se multaron a unas 18 mil personas; sin embargo, en contraste, hasta marzo de 2023 se han recaudado alrededor de 4 millones de pesos.

Si bien la cifra es mucho menor, dijo que el alcoholímetro es el rubro que más dinero aporta al municipio por multas. Los ciudadanos que se han quejado de esto señalan que las multas van desde los mil a los 4 mil pesos; incluso, refieren que en los operativos se ven forzados a soplar el dispositivo varias veces para sumar los grados de alcohol, dándole a la policía un pretexto para detenerlos y consignarles el vehículo.

El magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM), Hugo Gama Coria, dio a conocer en entrevista para este medio que durante 2022 hubo tres rubros relacionados con el Ayuntamiento de Morelia por los que se recibieron más quejas: multas de tránsito; actuar del organismo operador de agua potable; el pago del predial y solicitudes de funcionamiento de negocio y construcción.

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En el caso del operativo del alcoholímetro, Gama Coria dijo que 90 % de las infracciones no proceden debido a que las personas que levantan las mediciones de alcohol –todos policías municipales– no están capacitadas para ello.

“Las pruebas de alcoholímetros tienen que ser pruebas que estén certificadas. Hay una norma oficial mexicana que estas pruebas deben de cumplir ciertas características, deben estar acreditadas por un laboratorio, pero además quien las levanta o quien hace la prueba del alcoholímetro debe ser alguien que esté certificado para poder hacerlo. Ese es el motivo por el cual se cae”, explicó el magistrado.

El 10 % restante de las multas, comentó, no prosperan porque son interpuestas de forma extemporánea.

El magistrado presidente del TJAM señaló que al menos la mitad de las quejas por multas de tránsito están relacionadas con el alcoholímetro; eso sí: todas corresponden a tránsito municipal.

Grúas, parte de la corrupción

Pero eso no es todo: los ciudadanos que han sido multados –también se les puede llamar afectados debido a las injusticias de las que señalan son víctimas– acusan que los policías suelen llamar a grúas particulares para que remolquen los vehículos consignados.

Los costos por el servicio de estas grúas corre a cargo del ciudadano y suelen ser muy altos, ya que los precios no están basados en el tabulador oficial, sino que son fijados de manera arbitraria por los operadores, dando pie a que el tema se aborde como parte de un negocio entre la corporación de seguridad y la empresa privada.

El alcalde Alfonso Martínez ha opinado al respecto. En 2022 afirmó que el arrastre de vehículos en la ciudad tiene un costo de unos 800 pesos en promedio, pero que hay casos en los que cobran hasta 10 mil pesos, algo que que buscaría que sea regulado, sin que a la fecha eso haya ocurrido.

Lo anterior fue revelado por Alberto Moreno Zamudio, abogado especializado en amparos, quien declaró que en Morelia hay una red de corrupción entre la corporación policiaca del municipio y las empresas privadas de servicio grúa, lo cual, dijo, no ha sido reconocido por el alcalde Alfonso Martínez pese a que lo sabe.

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Algunas empresas, dijo, han llegado a recibir hasta 150 mil pesos por arrastres de vehículos a sobrecosto, y nombró a las empresas que incurren en tales prácticas: Grúas Express, Grúas Dani, Grúas Juárez, Auxilio Vial de México, Grúas Hernández, Grúas Sonoro, Servigruas Profesionales, Grúas Morelia y Grúas Galván.

“El que hace el negocio es el de cabina”. La persona que atiende las llamadas y envía una unidad para arrastre, sostiene, “es quien decide qué grúa presta el servicio”.

A las empresas las identifica porque ha tramitado diversos amparos para ciudadanos que fueron afectados con cobros excesivos por arrastre de vehículos, algunos de hasta 30 mil pesos.

Tan sólo en 2022, comentó, revisó más de 100 amparos por esos y otros casos de abuso a los ciudadanos.

La ley está de lado de las víctimas del municipio

Cuestionado sobre cuántos amparos pudieron no haberse presentado por desconocimiento o intimidación de las autoridades policiacas, el abogado Alberto Moreno dijo que pueden ser cientos o incluso miles, ya que los ciudadanos tiene 15 días hábiles para levantar un amparo indirecto; ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán puede ser hasta un año.

El abogado dijo que aunque hay una ley de tránsito municipal, hay también una estatal y esa es la que rige, algo que las autoridades locales suelen saltarse precisamente para operar de forma irregular.

Reveló además que el Ayuntamiento de Morelia posee una flotilla de unas 10 grúas, las cuales no usa para arrastre de automóviles consignados, sino para mover los del propio gobierno.

En relación a la aplicación del alcoholímetro, corroboró que deben contar con ciertos procedimientos para que sean legales: “Tiene que ser un médico legista, tiene que ser un perito en la materia de alcoholemia, tiene que utilizar una boquilla que esté verificada por la norma oficial y que sea para alcoholímetro; se tiene que dar una boquilla nueva en cada prueba”.

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Sin embargo, como se sabe, los operativos son ejecutados por policías municipales que no están facultados para levantar multas de tránsito y que las boquillas de los alcoholímetros no son reemplazadas, y que tampoco el aparato es usado por un profesional certificado, lo cual vuelve ilegal el procedimiento.

“Todo desde que no hay una licitación pública, estatal o municipal para invitar a las empresas para que apoyen al municipio” con el arrastre de vehículos.

“Hay empresas de grúas que dicen que quieren cobrar incluso menos de lo que cobra la Ley de ingresos, y a esas las dejan fuera porque obviamente no les dan su mochada, y dejan trabajar a grúas que cobran el 200 % o 300 % de lo que establece la ley”, aseveró.

La autoridad municipal no está obligada a infraccionar a una persona por conducir en estado de ebriedad, sino a mostrarle opciones para purgar su acción, como 20 horas de arresto administrativo o servicio comunitario, algo que el ayuntamiento local no explica porque lo que busca, reiteró el abogado, es “recaudar y recaudar y recaudar” recursos.

“Yo creo que cualquier persona prefiere pasar 20 horas en barandillas que pagar 20 o 30 mil pesos de multa”, explicó.

En conjunto, los operativos de alcoholímetro, el servicio de grúas y la necesidad de Alfonso Martínez por usar a la policía como un ente recaudador, ha causado no sólo la molestia de los ciudadanos, sino de varios personajes políticos, tanto de oposición como aliados.

El magistrado presidente del TJAM, Hugo Gama, en otro momento de la entrevista, dijo que la Policía de Morelia registró 541 quejas en su contra en 2022, y que tan sólo en el primer cuatrimestre de 2023 registró 269.

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De las quejas registradas, precisó, el 83 % resultaron favorables para los ciudadanos. Por ejemplo, en el caso de las quejas por multa de tránsito, comentó que es por “la falta de competencia” de los policías, debido a que las efectúan fuera de su jurisdicción –no son policías de tránsito–, además de que, dijo, “no hay claridad en la normatividad municipal respecto de la facultad de ese individuo para levantar la infracción”.