La Policía Federal de Brasil archivó la investigación preliminar solicitada por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva para determinar si existió una posible interferencia de Estados Unidos en las elecciones presidenciales de 2026.

La solicitud fue presentada por la Abogacía General de la Unión después de señalamientos sobre un supuesto financiamiento de un millón de dólares del gobierno estadounidense, encabezado por Donald Trump, para un programa dirigido a organizaciones críticas de instituciones judiciales brasileñas.

La información que originó la petición señalaba que los recursos habrían salido de un fondo del Departamento de Estado destinado a derechos humanos y democracia. El gobierno brasileño pidió revisar si ese financiamiento podía estar relacionado con una intervención en el proceso electoral.

La Policía Federal remitió inicialmente el caso a su Dirección de Inteligencia para realizar una evaluación preliminar. Sin embargo, el análisis no encontró indicios suficientes para justificar la apertura de una investigación formal, por lo que la corporación decidió cerrar el procedimiento.

El presidente del Tribunal Superior Electoral, Kassio Nunes Marques, también había señalado que no existían indicios concretos de interferencia extranjera en el proceso electoral brasileño.

El caso se desarrolló en medio de tensiones entre Brasil y Estados Unidos, relacionadas con las medidas adoptadas por el gobierno de Trump hacia autoridades brasileñas y con sus pronunciamientos sobre la política interna del país.

La decisión de la Policía Federal no establece que los señalamientos sobre el financiamiento sean falsos, sino que determina que la información disponible no aportó elementos suficientes para iniciar un proceso penal por interferencia electoral.