A puerta cerrada, el Congreso de Michoacán separó de su cargo al extitular de la Auditoría Superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, y lo inhabilitó por 10 años para ocupar cargos públicos.

Aguirre Abellaneda es un personaje cercano al exgobernador Silvano Aureoles Conejo; de hecho, cuando fue cateado un rancho supuestamente propiedad del perredista, el nombre del ahora exauditor de Michoacán salió a relucir como uno de los propietarios.

Los legisladores lanzaron 25 votos a favor contra nueve votos en contra, sin abstenciones, según lo informado por el presidente de la Comisión Jurisdiccional, César Palafox, e informó también que el dictamen bajo una operación imparcial.

“Ha incurrido en actos que empañan su responsabilidad administrativa”, sostuvo.

Los legisladores que votaron pertenecen a las bancadas del PRI, PES, mientras que por el PRD votó sólo Julieta Gallardo.

Te puede interesar: Procesos de auditorías saturan a Contraloría de Michoacán

A la sesión del Jurado de Sentencia no fue convocado Aguirre Abellaneda, quien está acusado de adquirir 150 equipos de cómputo sin licitación pública mediante una empleada suya, con el fin de beneficiarse.

El daño al erario es de 3 millones 158 mil pesos y violó lineamientos en materia de adquisiciones, según la comisión jurisdiccional que encabeza el panista César Palafox.

El contexto

A mediados del 2023, Miguel Ángel Aguirre Avellaneda enfrentó dos procesos legislativos; por un lado, el de destitución por “extorsionar” a los contralores, y por otra parte, los conflictos de interés por contratos que recibieron empresas de sus familiares.

Desde mayo, se señalaron los posibles conflictos de interés por contratos de más de 280  millones de pesos a través de cuatro empresas ligadas a la familia del exauditor. Ayuntamiento de Morelia y Gobierno de Michoacán entregaron jugosos contratos a empresas bajo los nombres de sus familiares.

Por otra parte, las últimas acciones de Aguirre Avellaneda como titular de la Auditoría Superior de Michoacán se inclinaron a buscar auditar recursos federales a los municipios y presionar a los contralores.

Lo anterior fue señalado como sujeto a denuncias y acciones penales en más de 78 casos, que son justamente la cantidad de contralores municipales que alzaron la voz a principios de este 2023.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla incluso manifestó que las acciones de Aguirre Abellaneda alcanzarían el grado de extorsión de acuerdo a la última modificación al Código Penal del estado de Michoacán.

Cuestionado sobre las acciones legales más allá de conceptos administrativos, Ramírez Bedolla señaló la posibilidad que dichas querellas escalen al tipo penal por delito de extorsión, modificado en febrero de este año.